Algunas personas se preguntan ¿por qué las iglesias minoritarias se oponen a la noción de libertad religiosa?, ¿por qué dicen que la pretendida reforma constitucional va a culminar en más privilegios para la Iglesia católica?, ¿por qué se han unido a intelectuales, líderes de opinión, liberales, masones y a los muchos católicos que no están de acuerdo con su jerarquía?

La respuesta es simple: porque no les gusta la obvia complicidad que existe entre el Episcopado católico y una parte de la clase dirigente del país, porque eso lesiona el crucial principio de separación entre el Estado y las iglesias y porque ello afecta la noción esencial de igualdad en el trato a las agrupaciones religiosas y a los creyentes, así como la no discriminación.

Los dirigentes de las iglesias minoritarias no están locos. Les basta observar cómo suceden las cosas día a día en nuestro país, donde funcionarios y políticos tratan a los obispos católicos de manera privilegiada y siguen actuando como si no existiera la pluralidad religiosa, como si en el censo de 2010 más de 18 millones de personas no hubieran contestado que pertenecen a una religión distinta o que no pertenecen a alguna.

El Presidente de la República sigue pensando que todos somos guadalupanos y los políticos siguen creyendo que quedar bien con el obispo local les va a atraer votos de los creyentes. En consecuencia, buena parte del Episcopado sigue actuando como un grupo de presión, haciendo política de poder, amenazando a quienes piensan distinto y violando abiertamente la ley electoral y la de asociaciones religiosas. Nadie los para.

Y aunque es cierto que sus exhortaciones no tienen algún impacto entre la población, generan esa sensación entre los propios creyentes y ciudadanos comunes de que los privilegios y la impunidad de la que gozan algunos obispos católicos son parte de la estructura social y política en la que vivimos. Estructura inequitativa que en materia religiosa se ancla en el lugar privilegiado que sigue teniendo una sola religión.

A nadie debe extrañar, por lo tanto, que las otras dirigencias religiosas se nieguen a avalar lo que no fue hecho para los miembros de otras religiones y que eventualmente, en el mejor de los casos, se convertirá en migajas que perpetúan la inequidad y la discriminación.

Las pruebas de esta discriminación son múltiples y se observan cotidianamente. La reforma al artículo 24 de la Constitución, por ejemplo, se cocinó a petición del Episcopado católico y los legisladores no le pidieron opinión a algún otro dirigente religioso. Ningún dirigente presbiteriano, metodista, luterano, bautista o de las otras iglesias evangélicas fue consultado. Mucho menos los testigos de Jehová, los mormones o los judíos. Ni siquiera para guardar las formas. Luego los legisladores se asombran de las reacciones.

Los funcionarios gubernamentales, por su parte, simple y sencillamente no tratan igual a los dirigentes católicos que a los de las otras iglesias o agrupaciones religiosas. Y no me refiero únicamente a la en ocasiones utilización caprichosa del registro de asociaciones, sino a la falta de aplicación de sanciones a quienes abiertamente cuestionan las leyes existentes.

Las orientaciones pastorales del arzobispo y obispos de la Ciudad de México “sobre el voto responsable de los fieles católicos”, de la semana pasada, violaron la Constitución. Los obispos tienen prohibido participar en política electoral, en favor o en contra de algún partido o candidato. En dichas orientaciones, los obispos llamaron a no votar por los partidos y candidatos que están a favor de la despenalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El artículo 130 de la Constitución señala que los ministros de culto no podrán en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país. Y las leyes del Distrito Federal que despenalizaron el aborto y permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo son del país. Así que se violó la Constitución, bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios. La enorme contradicción es que dichas orientaciones, en las que se pide veladamente la reforma al artículo 24 de la Constitución, se hacen violando el artículo 130 de la misma. Lo peor del caso es que esto se hizo apelando al “cuidado, la protección, la promoción y la integración social de las personas más vulnerables” y otros valores muy cristianos, pero que evidentemente no son aplicables a quienes no piensan como ellos.

La orientaciones pastorales señaladas, hay que decirlo abiertamente, no son más que un burdo intento de extorsión a los senadores que ahora está discutiendo la reforma al artículo 24 constitucional. Curiosamente, las orientaciones pastorales señalan que los fieles cristianos “tienen derecho a exigir a los candidatos que piden su voto, dejar en claro que están a favor de una verdadera libertad religiosa”.

Me pregunto si ¿estarán dispuestos a aceptar los obispos que sus propios fieles no comparten su idea de libertad religiosa, o amenazarán con excomulgarlos como ya lo han hecho en otras ocasiones?, ¿caerán los senadores en este chantaje? Y, finalmente, ¿algún funcionario asumirá su responsabilidad y sancionará a los obispos?

roberto.blancarte@milenio.com

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)