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PROCESO DE INTENCIONES. Editorial de El País

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El País

El Partido Popular ha magnificado una decisión muy impopular pero de trascendencia limitada del Gobierno para convertirla en bandera de una movilización que trata de deslegitimar al presidente Zapatero.

Rajoy lo adelantó al concluir que, tras haber cedido al chantaje de ETA, «ya no sirve» como presidente. En eso consiste básicamente la crisis política suscitada por el PP al llevar a la calle, en términos que han ido de la exageración a la abierta manipulación, la controversia suscitada por la decisión de conceder un régimen de prisión atenuada al preso etarra De Juana Chaos. En línea con esta declaración previa de caducidad de un Gobierno «que ya ha cedido», los manifestantes repitieron insistentemente las peticiones de dimisión del presidente del Gobierno y premiaron a Mariano Rajoy con aclamaciones como futuro presidente de la nación.

El hecho de que ese preso sea una de las personas más aborrecidas por los ciudadanos ha sido utilizado por el PP para sus fines propios. El discurso de ayer de Rajoy subrayó claramente alguno de esos fines. Unos, meridianamente claros, como la petición de que «el Gobierno rectifique» en el caso De Juana; otros más confusos y que pueden dar lugar a malentendidos, como esa afirmación grandilocuente de que «es hora de que los españoles hablen», el énfasis con que prometió que «nosotros haremos justicia» o esa descarada apropiación de símbolos, himnos e incluso de la misma idea de España. ¿Considera el presidente del PP que deben adelantarse las elecciones?

En todo caso, el punto de partida de la argumentación de Rajoy estuvo teñida de un indisimulado juicio de intenciones. El presidente del PP dio por hecho compromisos y peajes con ETA que ni los hechos ni los indicios razonables confirman; que el Gobierno pretende embaucar a los ciudadanos «con una paz engañosa».

La manifestación de ayer es, por supuesto, legítima. Pero parece desmesurada en relación con el hecho que la motiva, que no es otro que modificar la situación penitenciaria de De Juana. Es muy probable que esa modificación no se habría producido sin el chantaje de la huelga de hambre y el peligro verosímil de fallecimiento; pero también sin otros condicionantes: si estuviera preso por sus 25 asesinatos y no por la imputación (de amenazas) con la que se trató de evitar su excarcelación tras cumplir la pena; y si el Gobierno no tuviera mala conciencia por haber cedido a la presión de buscar un pretexto para evitar esa excarcelación. El Gobierno tuvo que elegir entre dos males. De Juana había amenazado con dejarse morir si no era puesto en libertad, y de ello se habrían derivado efectos que habría sido irresponsable no ponderar. Acceder a su exigencia era impensable, pero no lo era buscar alguna medida entre las que la ley permite que pudiera hacerle desistir (por presión familiar u otros motivos), como la prisión atenuada.

Pudo ser un error (es imposible comprobarlo porque desconocemos los efectos de la otra mala opción), pero en ningún caso de tal magnitud que justifique la crisis provocada por el PP. Si Rajoy quiere «una política antiterrorista seria», como anunció ayer en la plaza de Colón, debería hacer realidad su deseo de tender la mano al Gobierno sin que ese apoyo necesario en favor de la firmeza que busca esté condicionado a que el PP marque la política antiterrorista.

Rajoy insistió ayer en que, como consecuencia de la movilización, el Gobierno tiene que anular la decisión de prisión atenuada de De Juana y volver a la política antiterrorista de derrota y no negociación con ETA. Es una forma demagógica de plantear las cosas. El PSOE rechazó participar en la movilización «por la paz y el diálogo» que quería convocar Ibarretxe. No hay final dialogado de ETA sin derrota de la banda, es decir, sin renuncia a contrapartidas políticas. Y Batasuna no participará en las elecciones sin desvinculación verificable de ETA, según reiteradas manifestaciones del presidente y la vicepresidenta. No debería haber inconveniente en reiterar esos principios en la comparecencia del ministro de Interior prevista para el martes (y mejor si es Zapatero quien asume la defensa de la política antiterrorista del Gobierno). Se comprende la prudencia ante la ambigua situación actual (con ETA diciendo que sigue el alto el fuego), y también la irritación ante la mala fe de las sospechas sembradas por el PP; pero eso no debe impedir dar explicaciones. Sin necesidad de establecer comparaciones con situaciones del pasado, hay argumentos para justificar las medidas sobre De Juana y para defender una política antiterrorista menos simple que lo que cabe en una pancarta.

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