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Petición a la representación de los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de varios provinciales de órdenes religiosas establecidas en México

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El día 19 de este mismo mes, se cumplirán 1095 días del siniestro mortal ocurrido en la región carbonífera del norte de México, en la mina denominada Pasta de Conchos, que acabó con la vida de 65 mineros. No obstante haber transcurrido ya tres años, sólo se han recuperado los cuerpos de 2 trabajadores. Los restos de 63 mineros más permanecen insepultos.

Con relación a estos hechos tan lamentables, existen dos presunciones cada vez más fundadas: la de que todas estas víctimas murieron no por un imprevisible accidente laboral, sino por causas imputables a la empresa Industrial Minera México y al Gobierno mexicano, y la de que los restos mortales de 63 mineros permanecen sin ser rescatados, no por falta de condiciones de seguridad para ingresar a la mina, sino porque la empresa, primer consorcio minero de México, y las dos últimas administraciones del gobierno mexicano no han tenido ni la sensibilidad humana, ni la voluntad política para satisfacer la más importante demanda de las familias de los trabajadores.

Todo ello nos hace pensar que tanto la Minera México como el Gobierno de México han estado impidiendo el ingreso a la mina para rescatar los cadáveres porque quieren evitar se obtengan pruebas contundentes de las causas reales del siniestro, no obstante ser un derecho inherente a todos los seres humanos enterrar a sus muertos según las creencias que son parte del patrimonio inmaterial cultural de los mexicanos.

Lo anterior está de alguna manera corroborado por dos resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México: la Recomendación 26/2006 de julio del 2006, establece: “queda plenamente acreditada la omisión” por la que se “toleraron… condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores y, con ello, se transgredieron en perjuicio de los agraviados los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, a la vida, a la integridad física y a la seguridad e higiene en su centro de trabajo”.

A sus familiares, se les quiere impedir la reparación inderogable de la recuperación de los restos mortales, rehabilitación fundamental y básica de un daño irreparable. Y la Recomendación 64/2008, de diciembre 2008 en la que la misma CNDH ha reiterado “que existen violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública y deficiente integración de la averiguación previa, por lo que la Procuraduría General de la República ha atentado contra “los estándares de debido proceso” y el acceso a la justicia.

Somos testigos de que los familiares agrupados en la organización Familia Pasta de Conchos, siguen demandando dar la debida sepultura a sus seres queridos y que cuentan con la asesoría de expertos en minas de carbón los cuales aseguran que el rescate de los restos mortales es viable técnicamente.

Solidarizándonos con el dolor de estas familias y con su justa demanda, solicitamos de la manera más atenta a los Estados miembros de este honorable Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exprese su profunda preocupación por todos estos hechos y solicite al Gobierno de México que lleve a cabo lo más pronto posible la recuperación de los cuerpos, apoyado en los conocimientos técnicos y experiencia de los ingenieros mexicanos expertos en minas de carbón.

A nuestro parecer llevar a cabo esta recuperación, junto con sancionar a los que resultaren culpables (no sólo administrativamente), es lo único que puede poner fin a la arbitrariedad empresarial y a la omisión y negligencia del Gobierno Mexicano.

Atentamente,

*Fray Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, Coah. Orden de Predicadores;

*Hna. Silvia Conde, SA, Provincial Hermanas Auxiliadoras y Presidenta de la Junta Directiva de la Conferencia de Institutos Religiosos de México;

*P. Carlos S. Morfín Otero, SJ, Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús;

*Fray Gonzalo Ituarte V, Prior Provincial de la Provincia de Santiago de México, Orden de Predicadores;

*P. Domenico Di Raimondo, Superior General de los Misioneros del Espíritu Santo (Vicepresidente Junta Directiva de la Conferencia de Institutos Religiosos de México);

*P. Alejandro Muñoz Reynaud, Provincial de la Provincia Mexicana de la Sociedad de María, Padres Maristas, (Vocal Junta Directiva de la Conferencia de Institutos Religiosos de México);

*Fray Enrique Castro, OCD, Provincial Orden del Carmen en México;

*H. Aniceto Corona M, Superior Regional Hijos de la Caridad.

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesailes de Base)

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