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Munilla, el nefasto papel de las Nunciaturas y la elección de obispos -- José Ramón Scheifler

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Rumores de Angeles

ESTABA cantado desde que hace dos o tres años le consagraron como obispo de Palencia. Aunque aún no era noticia oficial, nadie dudaba de que José Ignacio Munilla daría el salto de Palencia a Donostia para dirigir la diócesis guipuzcoana. Estaba planeado. Hace año y medio, con el nombramiento del nuevo obispo auxiliar de Bilbao, decía por este mismo medio lo que vale para hoy, pues el método empleado y las reacciones seguidas son muy semejantes, porque también lo perseguido por los de arriba es lo mismo para Donostia, Bilbao y Vitoria. Entonces decía lo siguiente:

«Se diría que a lo que aún queda en la auténtica Iglesia, Pueblo de Dios y sacramento, manifestación sensible de Jesucristo, de su mensaje y de su gracia, a su parte más directamente activa, mejor informada, reciclada en la fe y organizada, conforme al Concilio Vaticano II, no se la tiene en cuenta, sino se la desprecia, a la hora de nombrar a sus pastores locales. Me refiero al Consejo Presbiteral, resto del clero, religiosos y laicado renovado en su fe y colaborador fiel.

No es excusa que de este modo se haya procedido desde que en el siglo XIX se fundó la diócesis de Vitoria, madre en 1950 de las de Bilbao y Donostia. Ni que así se haya precedido antes en las anteriores, y se proceda aún en todas o casi todas las diócesis católicas desde tiempo ya casi inmemorial. El Derecho Canónico en vigor mantiene un centralismo extremo con alguna ligerísima posibilidad de pequeña apertura, dentro del estricto secreto curial y de una prioritaria y cualificada información (se la pido a quienes creo que saben a ciencia cierta lo que quiero), reglada y acabada desde Roma.

Es más que razonable que ante las imposiciones, hace año y medio del obispo auxiliar de Bilbao y las noticias sobre el de Donostia, los organismos eclesiales y las partes más vivas de esta Iglesia muestren su desazón, su preocupación y quizá hasta su protesta legítima, aunque muy probablemente inútil mientras no tenga volumen mundial o no se creen cauces fiables de eficacia.

No existe ni en la Biblia ni en la tradición una fórmula fija -algo que por otra parte resultaría imposible- para la elección de obispos y todas las empleadas a lo largo de la historia mostraron sus deficiencias. Las ha habido fatales, casi incomprensibles y contradictorias a la Iglesia de un Jesucristo crucificado por las autoridades civiles y políticas del poder, llámense Imperios, Reyes o Estados. Todos ellos, por muy católicos y bienhechores que se consideren, no han pretendido otra cosa que tener autoridades religiosas a su imagen y semejanza. Que parece ser lo que pretende el actual y reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española.

El último adjetivo, española, no es último ni indiferente. Hace ya más de un siglo que el Papado perdió, en buena hora, los Estados Pontificios. Sin embargo, la Santa Sede sigue siendo el Estado de la Santa Sede, geográficamente minúsculo, pero con súbditos en casi todos los Estados del mundo. Por ello sus relaciones con los 174 que se reconocen son de Estado a Estado y sus acuerdos «internacionales». Ése es el papel de esa nefasta institución de las Nunciaturas Apostólicas para más inri. Para los Estados históricos o impuestos, los territorios que en los mismos mantienen aspiraciones independentistas y de Estado propio son diviesos malignos y conflictivos, muchas veces por causa del Derecho y la Razón. Y las Iglesias locales de dichos territorios difícilmente son neutrales, porque sus miembros, lo mismo el obispo que el último sacristán y el recién confirmado, tienen su postura al respecto como ciudadanos.

El representante de la Santa Sede, Nuncio, para quien sin duda el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Rouco, será informante cualificado, negocia de Estado a Estado con el Gobierno español. En el mejor de los casos -así lo muestra la experiencia- está dispuesto a sacrificar el pequeño bien de una pequeña parte por el bien general del Estado quedando diplomáticamente a bien con éste. O ¿es que no tenemos experiencia de cómo ha tratado Roma al País Vasco, incluso desde la creación en tiempos modernos de la primera diócesis en el país, con obispos agresivamente españolistas al servicio de la Iglesia y del Estado o al revés?

Por si fuera poco claro, el cardenal Pacelli, después Pío XII, lo hizo evidente desde finales de 1935 a 1936 y los siguientes bajo el régimen más antinacionalista y antivasco cuando el nacionalismo era confesional y católico a machamartillo y el verdadero embajador de Franco en el Vaticano era el cardenal Gomá, primado de Toledo.

Por todo ello, volviendo al espíritu de la antigua fórmula del Derecho Canónico habría que tender a que «lo que afecta a todos y cada uno debe ser aprobado por todos». Y con razón, el gran moralista Bernard Häring, en su obra Las cosas que deben cambiar en la Iglesia (1945), señalaba concretamente: «el ejercicio del mayor poder en la tierra: el de nombrar personalmente a los más de 5.000 obispos de la Iglesia Universal».

Hasta aquí mi comentario de hace más de año y medio. No conozco personalmente a José Ignacio Munilla. Mientras ejerció su sacerdocio en Zumarraga, leí todos sus artículos, publicados en El Diario Vasco de San Sebastián. Me percaté claramente de su orientación bíblica, teológica y eclesial. Tengo que considerarla anticuada, retrógrada e involucionista con respecto al Concilio Vaticano II. En ese sentido, creo justificadas las alarmas y quejas que ha manifestado parte del clero y de los católicos de Gipuzkoa.

José Ramón Scheifler, Profesor emérito de Teología de la Univ. de Deusto (Deia)

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