Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio, Honduras vive una situación muy convulsa, que ha alterado la normalidad institucional del país y ha agudizado su crisis económica. Como consecuencia de ello, el sector educativo se ha visto gravemente afectado, puesto que el gobierno ha decretado la suspensión de las clases, ha adelantado el fin del curso escolar y ha retirado el apoyo económico a todos los centros educativos.
Alerta roja en Fe y Alegría
Los recortes impulsados por el gobierno han afectado especialmente a los centros de educación técnica. Si finalmente se optara por suspender las clases, una posibilidad aún abierta, el alumnado se vería obligado a repetir curso, lo que implicaría un año más de gastos de alimentación, materiales didácticos, transporte y vestimenta. Dada su precaria economía familiar, existe un alto riesgo de abandono de los estudios.
El 45 % de las ayudas que recibe Fe y Alegría Honduras para el funcionamiento de su red de centros técnicos provienen de fondos públicos. La repentina suspensión de las ayudas públicas ha supuesto que Fe y Alegría Honduras deje de percibir alrededor de 200.000 €, lo que imposibilita atender los pagos de salarios del profesorado, de la energía eléctrica, del material escolar, etc.
RESPUESTA DE FE Y ALEGRÍA
Ante este reto, Fe y Alegría ha optado por hacer caso omiso a la orden de cese de las clases emitida por el gobierno golpista, al considerar el grave perjuicio que esta decisión generaría para los estudiantes. Para poder continuar con su apuesta educativa, Fe y Alegría ha realizado un llamamiento a todas las organizaciones amigas para recaudar los fondos que le permitan finalizar el presente curso escolar.
ALBOAN y FE Y ALEGRÍA
ALBOAN, la ONG de los jesuitas en el País Vasco y Navarra, con una larga tradición de colaboración con Fe y Alegría, ha atendido la solicitud de apoyo económico de Fe y Alegría Honduras en estos momentos de extraordinaria dificultad.
Como respuesta, ALBOAN ha puesto en marcha la campaña de recogida de fondos “Alarma Educativa” para apoyar el funcionamiento de los centros de formación profesional y evitar el daño que supondría la pérdida del curso para cientos de jóvenes de los sectores más empobrecidos de la sociedad hondureña.