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MÉXICO: NUEVO INTENTO ECLESIAL ANTIHISTÓRICO. Julio Pomar

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Argenpress

Al negar la Secretaría de Gobernación -según el diario Milenio- que se esté preparando una modificación al Artículo 130 constitucional para “dar más libertades a ministros del culto”, no queda muy claro cuál es el sentido de esa negativa.

El Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SeGob, el ex priísta Florencio Salazar, dijo que hasta el momento no se han sostenido encuentros con representantes de la Iglesia católica para tal propósito y consideró que no existen condiciones para realizar una reforma de ese tipo. Abundó Salazar Adame en que para realizar una reforma semejante se requiere de dos condiciones inevitables. La primera, que este sea un tema de la agenda nacional, y la segunda que haya condiciones para realizarla.

La petición de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresada en días pasados, es para revisar (y cambiar) diversos artículos de la Constitución. El lunes 9 el CEM avaló la pretensión de la Arquidiócesis Primada de México, dirigida por el cardenal Norberto Rivera, de presentar en breve al Congreso de la Unión y a los partidos políticos un “paquete de reformas” a la Carta Magna en materia religiosa, porque considera “insuficientes” las modificaciones que tuvieron lugar en 1992, bajo el salinato. Su objetivo, dijeron los obispos, es insistir incluso con Felipe Calderón para tratar el tema “hasta que se logre la plena libertad religiosa”.

Dijeron estar convencidos de que Calderón, desde que se reunió con ellos antes de asumir el cargo y después de ser declarado electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presenta opciones viables para una reforma constitucional en materia religiosa. Lo que no explican los obispos es cuál es el contenido de la reforma por ellos planteada, a la que denominan como “iniciativa ciudadana”, también sin precisar cuáles son los ciudadanos que la promueven, pero es indudable que quieren más poder y más tolerancia hacia ellos en todos los órdenes de la vida social de México.

El hecho evidente es que la “libertad religiosa” que reclaman, pues ha sido una de sus inveteradas demandas, es poder penetrar con su credo religioso en la educación pública, la cual imparte el Estado, y tener acceso pleno a los medios de comunicación social masiva. En el primero de los casos están atentando contra el laicismo educativo y saben que, de aprobarse esta reforma -contrarreforma, más bien- el Estado Laico en general se pondría en predicamento. Se estaría de hecho anulando la libertad religiosa que amparan nuestras leyes laicas. Y ya lo dijo en diciembre de 1984 don Jesús Reyes Heroles padre, en agitada comparecencia ante los diputados: “No quiere México escuela-iglesia, sino escuela laica”. Y no hay más que hablar al respecto, ya que la demanda eclesial de injerirse en el campo educativo público, con su credo religioso particular, le daría a la jerarquía una libertad sin límites para operar un cambio contrarrevolucionario general en la sociedad mexicana. No son los fieles católicos quienes demandan esta “reforma”, sino los jerarcas ultras de la iglesia católica quienes lo reclaman.

En el segundo de los casos, sólo basta echar una ojeada a las televisoras comerciales y un oído a las radios para darse cuenta de que tienen libertad plena, tanta como nunca antes han tenido, pero ellos quieren que supuestamente sea un derecho privativo de la iglesia de Roma en México, y de ninguna más. A falta de vocaciones sacerdotales, reconocida por las mismas estructuras clericales, quieren valerse del gran poder de los medios masivos, para “modernizarse”, acrecer sus militantes y así poner la mente de los mexicanos en el pasado, lo cual significaría un retroceso cultural y social inaceptable para un país que, pese a todo, incluido el gobierno de derecha que padecemos, marcha hacia adelante por las vías del liberalismo y del laicismo que lo encarna.

Es una demanda, la de los obispos y de la Arquidiócesis del DF, totalmente fuera del foco de la historia. En todo caso sólo refleja el reblandecimiento que el Estado ha sufrido en esta materia, similar a la “conciliación” entre el Porfiriato y la misma iglesia católica, que llevó al país al callejón sin salida del régimen anti social de Porfirio Díaz Mori, que sólo pudo ser abierto mediante la insurrección de las masas en 1910. Esa “conciliación” porfiriana explica por qué el Constituyente del 17 les restringió de manera tan severa sus canonjías y atribuciones sociales a los clérigos. O sea, en castigo de la arrogancia eclesial, cuando los obispos pretendieron retornar al fuero religioso indiviso de la primera mitad del siglo 19, para no hablar del régimen teocrático novohispano. Esto es, cuando pretendieron anular la separación del Estado y la Iglesia promovida por los liberales encabezados por don Benito Juárez.

La SeGob tiene que dar explicaciones precisas sobre este asunto, pues no se trata sólo de una “gestión amistosa” de clérigos, sino de la pretensión aberrante de cambiar hacia atrás nuestra historia. Ni más ni menos

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