Un 3% de la población española (más de 1.300.000 personas) vive en estado de pobreza severa, según un análisis sobre «La pobreza en España» realizado por el responsable del Servicio de Estudios de Cáritas, Víctor Renes. El estudio, difundido en el número de septiembre de la revista de ‘Cáritas’, puntualiza que los niveles de pobreza severa registrados en España son comparables a los de otros países de nuestro entorno.
En la pobreza severa se encuentran quienes tienen una renta disponible inferior al 25% de la que tiene un español medio. Al colectivo de pobres severos, según explicó Renes, pertenecen, aparte de los sin techo y otros colectivos fácilmente detectables, miles de trabajadores que no consiguen la estabilidad en el empleo y las personas que dependen de ellos.
Renes señaló que la pobreza severa se había reducido en los años 80, pero se ha estancado desde mediados de los 90, «pese a que se trata de unos de los periodos de más intenso crecimiento económico de nuestra historia», lo que revela un mal reparto de la riqueza generada.
A su juicio, la precariedad laboral crónica, que lleva asociada la precariedad en la percepción de prestaciones como las de desempleo, es una de las fuentes de pobreza severa, «que ha llevado a Eurostat a hablar de un nuevo colectivo de ‘trabajadores pobres'».
Por otra parte, Cáritas estima que en situación de «pobreza moderada» están alrededor de un 20% de los españoles, que tienen una renta disponible que se encuentra entre un 25% y un 50% de la media.
Cáritas subraya, entre los problemas para reducir la pobreza, «las deficiencias del sistema de prestaciones sociales, que en algunos casos, como las de desempleo, parecen claramente insuficientes».
Además, muchas veces «la pobreza se concentra en hábitats y territorios cuyas condiciones de vida pueden dejar fuera de la dinámica social a la población afectada».
A juicio de Cáritas, una política contra la pobreza debe incluir, entre otras medidas, «un sistema de garantía de recursos dignos», tanto en salarios como en protección social, y una política de protección familiar centrada en los hogares «con mayores problemas económicos, laborales y de vivienda».
