La mitad de los niños latinoamericanos vive «virtualmente» bajo el umbral de la pobreza, ha declarado el vicepresidente del Comité para los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Norberto Liwski. Las «recurrentes» crisis económicas de la región en la última década han provocado que aumente el número de menores que se ven obligados a trabajar, ha afirmado el funcionario, quien ha mencionado el ejemplo de Argentina.
El número de menores que trabajan en Argentina aumentó de 210.000 en el 2001 a 1,2 millones en el 2003, como consecuencia de la crisis económica que vivió ese país.
Liwski, que se encuentra en México para transmitir al Gobierno mexicano las recomendaciones del comité en relación a sus políticas sobre infancia, ha mencionado a Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador como los países de la región donde hay más trabajo infantil.
La mayoría de los menores latinoamericanos que trabajan lo hace en el campo, donde es más difícil el acceso a los mecanismos de protección social, según la ONU. Además, el vicepresidente del comité de los Derechos del Niño de la ONU ha responsabilizado también del trabajo infantil al abandono escolar.
Castigos físicos
«La inversión en educación no se mantuvo en equilibrio con la expansión de las políticas de aumento de matrícula», ha declarado Liwski, quien ha señalado que la edad de abandono escolar está entre los 12 y los 13 años en Latinoamérica.
El funcionario ha dicho que las crisis económicas en la región también han facilitado un auge del turismo sexual de la mano del crimen organizado. «Faltan herramientas idóneas legalmente para proteger a los niños», ha lamentado el funcionario de la ONU.
A pesar de que muchos países de la región han aprobado el protocolo facultativo sobre venta, prostitución infantil y pornografía, un «número significativo» de ellos ha de incorporar a su código penal leyes específicas al respecto.
Liwsky ha presentado a los diputados mexicanos las recomendaciones de UNICEF sobre la infancia y ha sugerido elevar la edad de matrimonio, modificar los procedimientos para que se escuche a los menores en los procesos judiciales y prohibir los castigos físicos, entre otras.
