Cerca de cuatro millones de personas han muerto como consecuencia del intrincado conflicto de la República Democrática del Congo (RDC) y en el que se han visto involucrados tanto fuerzas gubernamentales y grupos y milicias armados, como fuerzas extranjeras. Todos ellos han cometido crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, a menudo con una motivación étnica; han dirigido sus ataques específicamente contra civiles, que han sido objeto de crímenes horrendos como homicidio, violación y tortura, y reclutado a menores para el combate. En el fondo de gran parte de estos enfrentamientos subyace el control de los minerales y otros recursos económicos.
En marzo de 2006, Thomas Lubanga, ciudadano congoleño y presunto fundador y dirigente máximo de una de las milicias, la Unión de Patriotas Congoleños, fue la primera persona a la que se detuvo y remitió a la Corte Penal Internacional (CPI). Está en espera de que se confirmen los cargos formulados contra él, que incluirán probablemente crímenes de guerra, como el reclutamiento de menores soldados.
En el norte de Uganda, los civiles sufren la inseguridad que acarrea el conflicto armado entre el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y las fuerzas del gobierno ugandés. Amplios sectores de la población viven en campos de desplazados internos y temen por su vida. A las personas secuestradas se las mata o se las obliga a luchar con el LRS, incluidos menores soldados. Las mujeres y las niñas son violadas y sometidas a esclavitud sexual. En octubre del año pasado, la Corte Penal Internacional anunció las primeras órdenes de detención de su historia, dictadas contra cinco altos dirigentes del LRA por actos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. (Nota: el pasado 26 de agosto han firmado un acuerdo de alto el fuego y se vislumbra la paz)
En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional delitos cometidos en Darfur (Sudán). En junio, tras examinar la situación en esta zona, la fiscalía inició una investigación completa de dicha situación. Decenas de miles de personas han sido objeto de homicidios, violaciones y agresiones, y casi dos millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de una campaña de contrainsurgencia lanzada por el gobierno sudanés, que ha acarreado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La creciente intervención de la CPI constituye uno de los elementos clave de la lucha mundial contra la impunidad. A fecha de 17 de julio de 2006, 139 Estados habían firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 100 Estados lo habían ratificado o se habían adherido a dicho instrumento. Amnistía Internacional pide a todos los Estados que refuercen el Estado de derecho en todo el mundo, ratificando lo antes posible el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y promulgando una legislación efectiva para su aplicación.