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La intocable Europa de los terratenientes -- Alberto Montero Soler

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Rebelión

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se han reunido a principios de esta semana para tomar una de esas decisiones que, al menos a mí, me dejan perplejo.
Y es que ante la propuesta de la Comisión Europea de limitar las subvenciones a los grandes terratenientes, los ministros han dicho que, de eso, nanay porque, en su opinión, “cualquier reducción de los niveles más altos de pagos podría causar significativas e indeseables consecuencias en algunos Estados”. ¡Viva el feudalismo y las estructuras medievales de dominación en el siglo XXI!

Lo bueno es que la noticia me ha abierto los ojos: yo pensaba que Andalucía (la región en la que resido) era de los pocos lugares de Europa en donde seguían manteniéndose aún tanto el poder de los terratenientes como la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de la nobleza de rancio abolengo –léase, la Duquesa de Alba y compañía. Y que, además, esa concentración iba en aumento, como denunciaba hace algunas semanas Antonio Romero. Pero ya veo que no y que, bajo formas que serán similares aunque adaptadas a la idiosincrasia local, el poder de los terratenientes en otros países de Europa debe ser similar al que ejercen en Andalucía.

Lo malo es que me confirma en mi idea de que la Política Agraria Común (PAC) es cualquier cosa menos una política destinada a preservar las formas de vida rural, a garantizar unos niveles de renta digna y suficiente para los pequeños agricultores, a conseguir preservar las culturas desarrolladas en ese entorno o a lograr una agricultura ambientalmente sostenible.
Por el contrario, lo que la Unión Europea ha conseguido es que la Política Agraria Común sea una caja negra a través de la que los grandes terratenientes de toda la Unión y algunos altos funcionarios nacionales y europeos se beneficien de unas subvenciones que pagamos entre todos religiosamente.

Y, como muestra, espero que sirvan estos datos de la última investigación de Intermon Oxfam al respecto para el año 2005. No hace tanto de ellos y, en consecuencia, no creo que las cosas hayan cambiado mucho:
– El 15% de los productores franceses recibió un 60% de las ayudas directas, mientras el 70% de los que menos recibían se repartieron tan sólo el 17% de los subsidios.
– En Dinamarca, cuatro ministros, numerosos miembros del Parlamento y la comisaria de Agricultura de la Unión Europea recibieron ayudas millonarias de la PAC.
– En Holanda, el ministro de Agricultura recibió 150 mil euros mientras que las grandes beneficiarias de los subsidios a la exportación entre 1999 y 2003 fueron la cervecera Heineken o la tabacalera Philip Morris.

– En Eslovaquia, el ministro de Agricultura era propietario de una empresa que recibió 1,3 millones de euros entre 2003 y 2004.
– En Flandes, el Credit Agricole Bank, Nestle y BASF han sido sus principales beneficiarios.
– En Gran Bretaña, la principal beneficiaria es la familia real británica.
– Y en Andalucía (España), las grandes familias de la oligarquía andaluza monopolizaron la mayor parte de las subvenciones europeas. De hecho, los seis primeros perceptores (las familias Mora Figueroa, Hernández Barrera, López de la Puerta, el Duque del Infantado, la Duquesa de Alba y Nicolás Osuna García) recibieron en 2005 casi 12 millones de euros, esto es, una subvención de 5.470 euros diarios.

Mientras tanto, los pequeños agricultores son quienes padecen los rigores de las medidas coercitivas derivadas de la PAC que les obligan a sacrificar ganado para mantener las correspondientes cuotas de producción o a arrancar árboles en territorios en desforestación.
Eso por no hablar de la competencia desleal a la que Europa somete a los campesinos de los países subdesarrollados cuyos productos no pueden competir en los mercados mundiales con los europeos debido a los precios subvencionados a los que éstos se venden en los mismos.

De tal suerte que, en muchas ocasiones y gracias a la conjunción de las subvenciones a la producción y las destinadas a la exportación, los excedentes europeos son vendidos en los países en desarrollo por debajo de su coste de producción contribuyendo, así, a devastar el medio rural de esos países y, con ello, la única forma de vida de millones de campesinos.
Ante este estado de cosas no me extrañaría nada que, al grito zapatista de “la tierra es de quien la trabaja”, más de uno se echara al monte. Razones no le iban a faltar.

Alberto Montero (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros escritos suyos en su blog La Otra Economía.

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