Honduras: Misión de ONU realizará informe sobre violaciones de los derechos humanos

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Adital

Desde pasado domingo (18), un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visita Honduras para realizar un informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde el 28 de junio. De acuerdo con comunicado del organismo internacional, divulgado ayer (19), la delegación fue enviada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

La Misión permanecerá en Honduras hasta el 7 de noviembre realizando un documento especial sobre las violaciones de los derechos humanos durante la crisis política en el país. El informe con las informaciones de la misión será discutido por el Consejo de Derechos Humanos en su próxima sesión, prevista para ocurrir en marzo de 2010.

Esta no es la primera vez que una misión visita Honduras para recoger informaciones de violaciones. En agosto pasado, Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras divulgó un informe con las conclusiones de una visita al país centroamericano.

Según el informe final de tal Misión, el país presenta «violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cuya ocurrencia se encuentra vinculada al golpe de estado.» Las detenciones arbitrarias por toque de queda, las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras, las limitaciones a la libertad de expresión y la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales fueron algunas de las violaciones registradas por la delegación.

«La misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resulta, ante una élite económica, aliada con el ejército, con un control de los poderes públicos del Estado por parte de dicha minoría que actúan en desmedro de la mayoría de la población, negándoles el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, o criminalizándoles cuando los reclaman.», afirmó el informe en agosto pasado.