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ESPERANZA PARA EL ECUADOR. Jaime Atienza

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Ecuador ha elegido al que será su noveno presidente en diez años, el economista Rafael Correa el 26 de noviembre pasado. Se trata del primer Gobierno que se declara abiertamente de izquierdas en 27 años de vida política en el Ecuador. El partido elegido para gobernar, Alianza País, existe hace apenas un año, cuando el actual presidente dimitió de su cargo de ministro de economía por discrepancias políticas con el jefe del Gobierno. Correa recibió, acompañado por Hugo Chávez y Evo Morales, el bastón de mando, en una ceremonia indígena en la sierra ecuatoriana, donde Correa había sido catequista con los padres salesianos hace años y aprendió el uso de la lengua quechua.

En su discurso de investidura –con la presencia del Príncipe de Asturias, Lula, Michelle Bachelet, Alan García, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Álvaro Uribe entre otros- Correa expresó una vocación profundamente transformadora de la realidad del país, aludiendo con emoción a sectores habitualmente olvidados en actos sociales y políticos formales -presos, jubilados, niños de la calle, enfermos terminales- marcando así el tono de lo que será su período de gobierno.

El discurso estuvo cargado de referencias y expresiones de compromiso ético desde el humanismo cristiano. Correa confirmó la reducción al 50% de su sueldo –que queda en 4.000 dólares-, y afirmó con contundencia que saldrá del poder con lo mismo con lo que llegó, con poco, expresando un visceral rechazo a la opulencia, que opuso a la dignidad para su país, e hizo extensiva para su propia familia.

Su mandato tendrá cinco ejes: (i) la celebración –ya aprobada por el Congreso- de una consulta popular para convocar una asamblea que elabore una nueva Constitución, (ii) poner la economía al servicio del hombre y de la creación de empleo con una apuesta crítica en el tema de la deuda externa, (iii) la lucha contra la corrupción en un sentido muy amplio, acentuando la transparencia en el ejercicio del Gobierno, reduciendo los salarios más altos, y promoviendo las veedurías ciudadanas, (iv) profundizar y apostar por las políticas sociales, considerando en especial la participación y presencia de los migrantes, y (v) una apuesta decidida por la integración sudamericana.

Por primera vez en muchos años se respira un ambiente de optimismo y de fe en el nuevo Gobierno: se espera que pase algo importante y hay una esperanza en la recuperación de un sentido de la ética y de la dignidad en la construcción del país, con la seguridad de que se trata de una apuesta para la inclusión de todos los sectores sociales. La popularidad del presidente supera el 70% en un país acostumbrado a que ese índice esté situado por debajo del 10%.

El Gobierno cuenta con el aval de tener algunas figuras destacadas por su compromiso ético y social unido a su capacidad técnica e intelectual. El nuevo ministro de energía y hombre fuerte del Gobierno, Alberto Acosta, es el mejor ejemplo, pero están también otros colegas de Gabinete que responden a ese perfil, como Ricardo Patiño, hoy ministro de economía y fundador a fines de los noventa de Jubileo 2000 Guayaquil.
Sin embargo, las buenas intenciones y el sobresaliente equipo de ministros y ministras nombrado no esconden que hay una dura batalla por cambiar el poder en el Ecuador. Ello implica la reforma constitucional propuesta por Correa, para modificar los sistemas de elección de varios órganos –órganos de gobierno de la justicia, diversos consejos de regulación, hoy en manos de los partidos tradicionales- y las atribuciones de Congreso y presidente. Y también afecta a la agencia tributaria ecuatoriana –el Servicio de Rentas Internas- un órgano jurídicamente débil, pues la ley parece proteger a los evasores de impuestos en lugar de defender el interés del estado. El tema de la deuda, y la protección de la amazonía ecuatoriana renunciando a ciertas explotaciones energéticas pero recogiendo apoyo social e internacional para sostenerla, serán apuestas del nuevo Gobierno en los próximos meses.

La tarea será muy compleja, pues el entorno económico internacional no va a mejorar, y la oposición de los sectores políticos tradicionales ya es muy fuerte –el partido en el Gobierno no tiene diputados; no presentó candidatos para expresar con claridad su apuesta profundamente reformista- pero en la medida en que la popularidad del nuevo Gobierno se mantenga alta, no parece que nada pueda impedir que se lleven a efecto las reformas prometidas, pese a todas las dificultades. El freno a la migración que también el país necesita sólo será posible como reacción ante una recuperación de la autoestima colectiva, de las posibilidades de empleo e ingreso, y de la esperanza de tener un país mejor para mañana.

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