Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía (CCPdeA) manifestamos nuestra defensa de “todas las familias” admitidas por nuestra legislación y no sólo de la “familia cristiana” ensalzada por el Arzobispo de Madrid, Rouco Varela y otros obispos el pasado 2 de enero en la plaza madrileña de Colón.
Tal celebración no tendría nada de particular si esa parte de la Iglesia no estuviera obsesionada por denigrar y menospreciar al “resto de familias” existentes en nuestra sociedad, con la excusa de defender y promover la denominada “familia católica tradicional”.
Creemos que nuestros obispos deben además dejar de lanzar frases absolutamente exageradas como cuando dicen que «las leyes progresistas provocan una crisis mas honda que la económica». o que «la UNESCO pretende convertir a la mitad de la población mundial en gays», o que «los matrimonios canónicamente constituidos son menos dados a la violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho” porque, como han dicho algunos teólogos y comentaristas políticos, están dando toda la impresión de estar haciendo ya la campaña electoral a los partidos conservadores. Y no creemos que sea esa la labor que deban hacer nuestros obispos.
Reconocemos y aprobamos la diversidad familiar que se da en nuestra sociedad, desde la reformas legal del 2005: familias formadas por personas del mismo o distinto sexo, monoparentales o reconstituidas etc. Defendemos en particular la seguridad jurídica, la autoestima y tranquilidad que la modificación del Código civil ha causado en las personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), grupo oprimido, despreciado y sometido a vejación durante mucho tiempo, reconociendo su derecho a configurar libremente su unión sentimental.
Entendemos que proteger a las familias es preocuparse por el bienestar de sus actuales componentes, especialmente de los más vulnerables: la mujer, los niños y las niñas. Respecto a la mujer, nuestra Jerarquía ha de desterrar su esencial actitud misógina de considerarla en el matrimonio subordinada al varón y de prohibir su ordenación sacerdotal. Igualmente denunciamos y condenamos los abusos sexuales, psíquicos y físicos que muchos miembros de nuestra jerarquía: obispos, sacerdotes y religiosos han cometido contra los niños y niñas de muchas familias.
Finalmente, las CCPdeA manifestamos que el “derecho a la vida” se debe establecer, sobre todo en estos difíciles momentos de crisis económica, en el derecho básico y fundamental de que todas las personas solteras o agrupadas en familia, tengan sus necesidades básicas de vivienda, educación, salud y trabajo cubiertas. Cuando en España existe ya un 20 % de personas bajo el umbral de la pobreza, no se puede tolerar que el Estado haga recaer únicamente sobre el pueblo trabajador los efectos de la crisis que ellos no han causado.
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. 6 de Enero de 2011.
