HACE bastantes años fui concejal y portavoz de un ayuntamiento andaluz por parte de Izquierda Unida. Aunque renuncié por escrito a los ingresos personales que me correspondían por asistencia a plenos y comisiones, la organización política siguió recibiendo las asignaciones establecidas en los presupuestos municipales. Ahora me asombro: mi confianza era total en los responsables políticos y nunca tuve mayor información sobre las cuentas de la asamblea local de IU. ¡Ojo! Sigo manteniendo esa confianza, pero voy más allá.
Otra experiencia. Durante mis muchos años de jesuita jamás tuvimos información sobre la situación económica de la institución. Se trata sin duda de un caso netamente distinto, ya que la Compañía de Jesús es una institución privada. Simplemente constato que los propios miembros de la organización no conocíamos entonces -no sé si ahora- la situación económica de la institución a la que pertenecíamos. Personalmente tuve conflictos con los superiores por intentar conocer determinados datos económicos.
Y un tercer caso. La Iglesia católica española se encuentra en plena campaña para aumentar el número de personas que asignan el 0,7% en su declaración del IRPF. Ahora hablamos de un dinero público, asignado por el Gobierno español a una determinada confesión religiosa. En este caso, la opacidad es lamentable (¿absoluta?) sobre el uso del dinero. Pienso que el tema es más grave, porque la asignación a la Iglesia católica es la única partida presupuestaria que no ha sufrido recortes en los presupuestos para este año.
Desde estas líneas me atrevo a hacer una propuesta o, si preferís, plantear una exigencia: la real y efectiva transparencia en el uso de todo dinero público. Se habla de una mayor transparencia en el presupuesto de la Casa Real. ¡Claro que sí! Pero ¿aterrizamos y concretamos la transparencia a todos los niveles y a todas las asignaciones?
En concreto, planteo que la Iglesia católica en España desglose con toda claridad y explicite el destino del dinero público recibido. Conozco parroquias donde se expone el estado de cuentas en el cancel de la iglesia. ¡Magnífico! Ahí se trata de la gestión privada de un colectivo. Es otro tema. Yo insisto aquí en el dinero público y en la gestión transparente y pública de ese dinero. En nuestro caso significaría hacer públicas para toda la sociedad las cuentas generales de la organización y aterrizar por lo menos en cada diócesis. Entiendo que esta forma de actuar es la mejor propaganda para animar a las personas a que marquen la famosa equis en el IRPF.
Queda otro tema de mucho más envergadura porque afecta al conjunto de la estructura política en una sociedad democrática. Ya sabemos que los partidos políticos deben presentar sus balances anuales al Tribunal de Cuentas. Teóricamente es un control sobre el dinero público. En la práctica tiene escasa eficacia y, sobre todo, no llega al gran público. Por una parte, el Tribunal de Cuentas actúa con una desesperante lentitud. Si no estoy mal informado, los últimos balances auditados se refieren a los años 2005 y 2006. Pero, además, esa estructura contable está perfectamente diseñada para que no se entere la gente.
Me atrevo a hacer desde estas líneas una sugerencia explícita a Izquierda Unida. La formación política se encuentra en un momento crucial de su trayectoria tras los buenos resultados electorales en Andalucía y tras la decisión aprobada por referéndum de sus miembros para formar parte del gobierno andaluz. Ahora es el momento de establecer nuevas y novedosas prácticas políticas de transparencia y de comunicación con la sociedad. Esto influiría en los demás partidos.
Son cosas sencillas y de sentido común pero que llegarían mucho a la gente. Por ejemplo, cuánto cobra un miembro del Parlamento andaluz y qué parte de su sueldo tiene establecido IU que pase a la propia formación política. Cuánto dinero se ha gastado IU en la reciente campaña electoral andaluza. ¿Ha necesitado pedir préstamos? El desglose debe aterrizar mucho más: las cuentas de cada provincia, las aportaciones que deben realizar las asambleas locales desde las asignaciones públicas municipales para contribuir al fondo común y en qué porcentaje se hace efectivo??
Estos pequeños y sustantivos detalles contribuirían poderosamente a establecer un nuevo clima de confianza y de transparencia. El desprestigio de la política tiene una innegable vinculación con los no tan raros casos de corrupción en la gestión de fondos públicos. Pero también se puede actuar de forma muy eficaz contra ese desprestigio abriendo las puertas de par en par al entramado económico de cada partido.
Artículo publicado en «Diario de Cádiz»