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En la pintoresca y versátil lista electoral que encabeza el expresidente Puigdemont, provocador y cansino, él, e ingenuo hasta la exageración, o maquiavélico hasta la extenuación, figuran dos personas significadas por su especial condición de su pertenencia a la Iglesia: un cura, Pare Manel Pousa, y una religiosa, Victòria Molins. (Espero que ésta persona no sea monja, como dice el artículo del director de Religión Digital, José Manuel Vidal. sino solo religiosa, o consagrada, según la terminología del Vaticano II). Ésta es religiosa teresiana, y he leído una entrevista que le hicieron el año 2013, y me ha dejado impresionada. En una cosa me parezco a esta mujer, en que no juzgo el comportamiento ético de ¡nadie, ¡ni de los nacionalistas!

Éstos me parecen muchas veces un poco cortos, y vagando fuera de la realidad, pero jamás los calificaría de mala manera. Estoy convencido, a la vez, de dos cosas, que mucha gente tal vez no entienda: que los dirigentes separatistas, soberanistas, o como queramos llamarlos, han cometido delitos gravísimos contra la esencia y realidad de la organización político-social de un Estado.

Y desde este punto de vista, como delitos, no pecados, más graves que el asesinato, o el robo. Sin embargo, ¡seguro que no han pecado!, es decir, han hecho algo que en conciencia les parecía no solo bueno y digno, sino que era lo que lo que tenían que hacer. Y que no se les pueda juzgar desde el punto de vista moral no impide que la sociedad, organizada en Estado, no pueda, y deba, sancionarlos por la gravedad de atentados contra su esencia, realidad y seguridad. No todos los delitos que se cometen comportan, también, la condición de pecado.

Esta distinción, delito de pecado, es siempre útil, y más en este caso en que vemos a dos eclesiásticos involucrados en una situación que puede merecer, venga o no al caso, la consideración de la gente. Ya escribí en este blog que la consideración como «un bien moral» de la unidad de un país, en este caso, de España, está fuera de todo lugar. Tienen cierta propensión a esta afirmación muchos prelados católicos, que solo ven ese matiz del bien, el de bien moral. Y hay bienes sociales, políticos, artísticos, ecológicos, deportivos, científicos, económicos, que, por lo menos, de modo directo, escapan a la posibilidad de esa consideración, como bienes o males morales. Ni la unidad de España es un «bien moral» para los españolistas, y un mal para los independentistas, ni al revés, la independencia de Cataluña es un bien moral para los catalanes y un mal moral para los españoles.

La bondad política de las decisiones democráticas, ahora que es tiempo de democracia, o los resultados de los avatares de la Historia no caen en el campo de consideración de lo bueno o malo moral. Todavía se podría hablar de los medios empleados para conseguir esos fines, como lo serían, para mal, la mentira, el engaño, el atropello, el empleo desmedido y fuera de la ley de la fuerza y de la violencia. Pero éstas, fuerza y violencia, cuando empleadas por quien legítimamente puede, y hasta debe a veces, no podrá recibir la catalogación de mal moral. Todos sabemos que es el Estado quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, que los ciudadanos se lo han concedido por un convenio más explícito en épocas democráticas, como en nuestro tiempo, o implícito, por el consenso implícito de la masa social, con el fin de vivir en paz y en concordia. Y el Estado traspasa ese derecho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Y llegados a este punto hay que reconocer que si los separatistas catalanes tienen razón en este asunto, como sobre lo que pasó el 1º de octubre, al hablar de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es porque tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional española, como los mozos de Escuadra, también españoles, ¡¿o serán marcianos?!, son eso, fueras de seguridad del Estado. La unidad de un país, o la separación de una parte del mismo no serán ni bien ni mal moral, pero la hipocresía, la mentira y el escándalo farisaico, éstos si lo son, y nunca bienes morales, sino males. Que todas las policías del mundo, cuando se ven superadas, o apunto de serlo, por una masa de ciudadanos, se usa con un cierta violencia, es de todos sabido, y aceptado, a no ser por el que, con razón o sin ella, le toque estar debajo de las porras, o al alcance de los gases lacrimógenos. No sé por qué de los aspavientos contra unos cuerpos que tenían en frente a dos y pico de millones de ciudadanos, dispuestos, eso sí, ¡pacíficamente!, a impedir a los agentes de la autoridad el cumplimiento de su trabajo, y de las órdenes recibidas, como entrar en colegios, o no dejar entrar a las gente, etc., etc., y no recuerdan cómo no hace tanto tiempo, el año 2014, los Mozos se emplearon a fondo contra una masa de gente localizada solo en un punto de Barcelona, la Plaza de Cataluña, cono motivo de las protestas promovidas por el movimiento del 15 M.

Así como deben de recordar que, con motivo de esa ¿¡violencia?! desmesurada, según el Parlament de Cataluña, fueron reprobados el secretario de Interior, y los jefes supremos de los Mozos, porque hubo personas gravemente lesionadas. Pero nadie parece recordar esos, y otros desmanes, que siempre la ciudadanía más desafecta a los que gobiernan, y más afectados por la ¿violencia? de las fuerzas de seguridad, tienen en cuenta, y son objeto de sus protestas. Pero seamos ecuánimes, y usemos la misma vara de medir.

Y otro asunto que, a primera avista, parece concitar todos los consensos y pareceres, es el «ingenuo y bondadoso ·derecho a decidir». La gente, individual, o colectivamente, tiene derecho a decidir un montón de cosas, pero no otras. Puedo decidir de qué color me visto, qué trabajo prefiero, dónde voy a vivir, si voy andando, o en autobús, o en metro, o en tren, a no ser que no haya estos medios de transporte, y ya nos encargaremos los ciudadanos de exigirlos, hasta con protestas , que suelen comenzar pacíficamente, hasta que son aprovechadas por alborotadores para incordiar y provocar jaleo. Pero nos pasamos la vida decidiendo. Hora bien, una comunidad de vecinos no tiene el derecho a decidir «la apropiación de un solar lindante con su propiedad, por ejemplo. Y se trata de un ejemplo muy pedagógico. Se puede discutir, y hasta estar de acuerdo, con la siguiente afirmación, «un pueblo, como el catalán, tiene derecho a decidir su futuro, su estilo de gobierno, etc.»

Se puede, con todos los distingos y condicionamientos pertinentes, responder afirmativamente a esa proposición. pero igual que el derecho de propiedad permite a cualquier persona ejercerlo, solo lo podrá hacer en la medida en que no choque, ni altere, ni invada el mismo derecho de propiedad de otro sujeto, individuo, o comunidad. Todos tenemos el derecho de alimentar nuestro sueños, como una chica que conocí cuyo sueño era el de vivir en una casa preciosa que había en la ladera de un monte. Y a fe que decidió ejercer ese derecho, pero se equivocó de objeto: no es lo mismo el deseo de cumplir un sueño, que la realidad de cómo, y donde, y contra quien lo quiero ejercer. Aquella jovencita se chocó con la voluntad inalienable de los dueños de la casita, que ya vivían su sueño de morar en ese rincón de la tierra.

Los catalanes tienen todo el derecho del mundo de decidir sus estilo de vida, sus valores, y hasta su sistema político, si es que disponen de esos poderes y medios. Pero lo que no pueden es, al mismo tiempo decidir dónde los van a realizar, en qué pedazo de tierra. Las cuatro provincias catalanes pertenecen, según podemos confirmar en esa esa especie de «Notaría o Registro internacional de la propiedad», que es el concierto de las naciones, a un propietario concreto y definido, que es España. Por eso, al entrar un avión en ese espacio aéreo que sobrevuela esas provincias, oiremos decir, estamos entrando en «el espacio aéreo de España». Alguien, en sano juicio, ¿puede dudar de esta realidad?