Es la visión de un grupo de especialistas con relación al proyecto que contempla la práctica gratuita de la ligadura de trompas y que se debatirá hoy en el Congreso de los Diputados de Argentina. De convertirse en ley, las personas podrán acceder a la intervención luego de dar su consentimiento, sin necesitar permiso judicial ni esgrimir razones médicas.
En vísperas del tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley de anticonceptivos quirúrgicos, un grupo de especialistas definió los alcances de esta normativa, a la que consideraron una «deuda pendiente con las mujeres más humildes».
«Esta es un ley reparadora que viene a equiparar territorialmente y lo importante es que se ha trabajado codo a codo con el Ministerio de Salud y con el área de Derechos Humanos para permitirle a la mujer tener una mejor accesibilidad al sistema de salud», dijo el martes la directora de la Mujer del Gobierno porteño, Virginia Franganillo, durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede del organismo que dirige.
Por su parte, la diputada Juliana Marino, una de las impulsoras del proyecto, explicó que «esta es una ley muy clara, con pocos artículos, que está respaldada profesionalmente en relación a la objeción de conciencia, y que a mí me parece muy importante para el sistema de salud».
«Hubo objeciones de parte de algunos diputados y de algunos sectores más fundamentalistas. Me llegaron a preguntar si estoy legislando sobre el aborto. Esta ley no tiene nada que ver con el aborto», remarcó.
En este sentido, Marino dijo que «los derechos amparados por la Constitución Nacional nos obligan a reglamentar el acceso a los métodos anticonceptivos, entre los cuales la contracepción quirúrgica es uno más», e insistió en que resolverá un «problema de inequidad».
Además, para la legisladora «esta ley está madura, y aunque algunos digan que no se discutió yo les aseguro que fue profundamente discutida».
Por su parte, Diana Galimberti, directora del Hospital Teodoro Álvarez aseguró que «esta ley puede servir para que cualquier mujer se pueda acercar a un hospital y diga que tiene derecho y el Estado tiene la responsabilidad de responderle».
Sin embargo, la médica recordó que «un profesional de la salud que hoy se enfrente a una paciente que solicite este tipo de intervención debe aclararle que es un método anticonceptivo permanente, porque no en todos los hospitales se podrá realizar la reversión de esta cirugía».
«De los 1500 casos de partos por cesárea que se realizaron en el hospital, solo el dos por ciento solicitó la ligadura tubaria. Esto quiere decir que no habrá una avalancha de pedidos», aclaró la profesional.
El proyecto contempla la objeción de conciencia, es decir, libera al personal médico y auxiliar de practicarla contra sus convicciones.
Si se aprueba la ley, la intervención deberá ser realizada de manera gratuita tanto por el sistema público de salud como por las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.
Los usuarios del sistema de salud accederán gratuitamente a la intervención luego de dar su consentimiento informado, aunque no precisarán de autorización judicial ni de su pareja, así como tampoco deben brindar razones médicas.
El proyecto está habilitado para ser tratado este miércoles en el recinto de la cámara baja, ya que cuenta con una preferencia votada la semana pasada en el marco de una expeditiva sesión realizada por los diputados, antes del comienzo del partido entre Argentina y Holanda.
La iniciativa iba a ser debatida en esa misma sesión, pero el oficialismo decidió postergar su tratamiento a raíz de un pedido de varios bloques que solicitaron más tiempo para analizar el proyecto.
En una reunión que mantuvo el martes la mesa del bloque Frente para la Victoria-PJ, el oficialismo ratificó su intención de debatir en la sesión de este miércoles -prevista para las 14- la iniciativa que generó divisiones en el interior de varios bloques parlamentarios.
