Señala la injerencia de la Iglesia en la educación y la falta de derecho de los profesores de Religión
Los acuerdos vigentes en este momento entre la Iglesia y el Estado, firmados en 1979, podrían ser considerados inválidos, por su falta de compatibilidad con algunos derechos constitucionales, según considera el titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, Antonio Seoane, quien ha elevado ya un documento al respecto al Tribunal Constitucional.
El juez entiende que buena parte del concordato, en especial en lo referente a las clases de Religión y el desarrollo de los derechos de los docentes de esta materia, no se adecúa a las normas de la Carta Magna. Para el magistrado, «el desarrollo de los derechos contenidos en el artículo 27 (de la Constitución, referidos al derecho a una enseñanza en valores), carece de desarrollo válido» en lo tocante a la confesión católica, según Público.
La injerencia de la Iglesia
Seoane señala que no es compatible con la Constitución que en los Acuerdos Iglesia-Estado, la asignatura de Religión Católica deba impartirse «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». El juez también critica el hecho de que «la enseñanza religiosa sea impartida por personas designadas por la autoridad académica, pero elegidas entre aquellas que el diocesano propone».
Según el juez, tampoco estarían bien diseñados los puntos del concordato que definen que «a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación».
Faltan derechos para los profesores
Antonio Seoane no está de acuerdo tampoco con el punto 4 del concordato, que establece que la situación económica de los docentes de Religión será pactada entre la Administración y la Conferencia Episcopal. Este apartado ha permitido que a lo largo de estos 30 años los profesores que imparten esta asignatura carezcan de seguridad laboral, pudiendo ser «despedidos» (formalmente, «no renovados») por el Obispo sin aportar razón alguna.