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Desde la experiencia del paro de larga duración, el empleo precario y la ausencia de ayudas públicas, exigimos el cumplimiento de una ley de mínimos que se creó como última red de apoyo para aquellos hogares con ingresos tan bajos que padecen todo tipo de penurias, hasta el punto de pasar hambre y ser echados de sus casas por impago. Dicha ley, aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid en 2001, reconocía a esas familias “el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida (…) y el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción laboral y social” (preámbulo de la Ley 15/2001 de RMI). Son dos medidas que los poderes públicos deben promover y la ciudadanía afectada percibir, no como prestaciones asistenciales sino como derechos ··· Ver noticia ···