La aplicación por el fiscal de la Corte Penal Internacional de la órden de arresto para el presidente sudanés Omar Bashir, por crímenes de genocidio contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur, crean grandes oportunidades y grandes peligros para la paz en Sudán.
Estos son los primeros cargos de genocidio y los primeros cargos contra un jefe de Estado que son llevados ante la Corte Penal Internacional. Los jueces tienen que sopesar las pruebas del fiscal y decidir ( un proceso que puede tomar meses) sobre la petición de arresto.
Buscando la orden, el fiscal está actuando en su mandato bajo el Estatuto de Roma y El Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2005 le encargó la investigación y acusación de los crímenes cometidos en Darfur. Este mandato ha sido constantemente frustrado por el gobierno sudanés, (no menos en su negativa a ayudar el ministro Ahmad Harun y el comandante Ali Kushayb, a quienes las acusaciones fueron emitidas en abril del 2007) y es importante para el fiscal proteger la credibilidad de la Corte persiguiendo más acusaciones.
Puede darse el caso que iniciando el proceso el Fiscal avance en interés de la paz. No es su papel oficial (es más bien actuar en interés de la justicia y terminar con la impunidad de aquellos considerados culpables de crímenes atroces). Pero puede que la presión creciente sobre el régimen gobernante, NCP, lleve a grandes pasos a cesar la violencia, lleve a cabo genuinas y creíbles medidas para resolver la crisis de Darfur, (incluyendo permitir el pleno y efectivo despliegue de la fuerza de paz UNAMID) y llevar a cabo el pacto para implementar el extenso Acuerdo de Paz Norte- Sur.
El problema para los políticos internacionales es que la estrategia legal del Fiscal también conlleva mayores riesgos para la frágil paz y la seguridad en Sudán, con una alta probabilidad de incrementar considerablemente el sufrimiento de un gran número de gente. Las líneas duras en todas partes pueden ser reforzadas, con el régimen gobernante y otros actores reaccionando a la aplicación actual, y a cualquier acusación, de forma que socave seriamente el frágil proceso de paz Norte- Sur, trayendo un final a cualquier posibilidad de negociación política en Darfur, haciendo imposible el efectivo despliegue del UNAMID, poniendo en riesgo las operaciones humanitarias que mantienen vivas a cerca de 2 millones de personas en Darfur, y que conducen a inflamar tensiones regionales más amplias. Estos son riesgos significativos, particularmente dado que la probabilidad de ejecutar actualmente cualquier acusación contra Bashir es remota, al menos a corto plazo.
La mejor solución para este dilema puede ser del Consejo de Seguridad de la ONU, en tomar ventaja en los probables 2 ó 3 meses antes de la decisión judicial sobre la petición de arresto, para ver si un genuinio y substancial progreso ha sido aplicado para parar la continua violencia, para la cual el régimen gobernante tiene responsabilidad, dedicándose a genuinas negociaciones de paz en Darfur, llevando a cabo el despliegue del UNAMID y el avance del CPA. Si se ve este progreso, y que el interés de la paz justifica tomar esta decisión, el Consejo de Seguridad debería (incluso si el Fiscal y el ICC quieren proceder) ejercitar su poder bajo el artículo 16 del Estatuto de Roma para suspender cualquier acusación por 12 meses, con la posibilidad de suspenderlo indefinidamente.
Dicha decisión debería ser hecha a la luz del historial del régimen de repetidamente despreciar los acuerdos hechos. Pero la necesidad del artículo 16 referido para ser renovado en una base anual puede proveer de un incentivo, hasta ahora falto para el régimen, de soportar los compromisos hecho bajo amenaza por la acusación del ICC.
No es tiempo para mitigar el régimen de Bashir (o los grupos rebeldes que están haciendo su mayor contribución al conflicto en Darfur). Pero la más crítica de todas las necesidades es terminar con el horrible sufrimiento del pueblo sudanés y asegurarse de que no habrá nuevas explosiones de violencia masiva.
El Presidente del Gabinete de Crisis, Gareth Evans, dijo que la comunidad internacional debe afrontar una elección política dura para balancear riesgo y oportunidad: «El régimen del gobierno sudanés hasta ahora ha fallado completamente en su responsabilidad de proteger a su gente. El fallo llama al Consejo de Seguridad a decidir si Khartoum puede ser efectivamente presionado para parar la violencia y construir un nuevo Sudán, simplemente dejando a la Corte Penal proceder, o (después de valorar la respuesta inicial del régimen, y continuar supervisándolo), suspender el proceso en interés de la paz.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP – NEW STATEMENT