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Soberanía del pueblo o soberanía del capital -- José María García Mauriño

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Todos sabemos que la Soberanía del pueblo es un pilar básico de toda democracia. Lo dice muy bien la Constitución española en su art. 1,2 “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Y España es un país democrático, nadie lo duda. Forma parte de las llamadas Democracia Occidentales. Estas se imponen en todo el mundo, sobre todo, por la mano de los EEUU y la UE. Los que siguen ese modelo son demócratas, aunque se llamen Pinochet o Mubarak. Los que no lo siguen, (por ejemplo, algunos países árabes) apenas se pueden llamar demócratas.

Pero, resulta que ese axioma “todo el poder sale del pueblo”, va a ser falso. Porque no es verdad. El poder soberano no lo tiene el pueblo, lo tiene el Capital. La política, los Gobiernos, están sometidos a los poderes financieros, es decir, a la banca, a las grandes empresas, a las multinacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Europeo, etc. En definitiva al Capital. Lo decía así de claro la Sra Merkel: “la democracia tiene que ser conforme a los mercados”. Y se da la vuelta a la tortilla: el Capital es ahora el soberano y tiene que ser conformado por la soberanía popular. Y dicen ellos: la soberanía popular deja de ser demócrata, si no pone en primer lugar al capital, si no afirma claramente que la verdadera soberanía la tiene el capital.

Este es el problema de fondo: la democracia se ha vaciado de contenido real. En las instituciones democráticas, en el Parlamento, por ejemplo, se vive, se realiza de hecho, eso de que el pueblo renuncia a su soberanía y la entrega a los poderes económicos, al capital. El que manda en el parlamento, el que gobierna en España, no es el pueblo es el capital. No son los representantes legítimos del pueblo, elegidos democráticamente en las urnas, no, es el capital el que nos gobierna a todos. Más todavía, esa soberanía popular deja de ser democrática si no afirma en el hemiciclo la soberanía del capital. Llega incluso a ser antidemocrática. Porque no se acomoda a los intereses del capital que son los que “benefician” a la economía española.

Existen al menos dos métodos para realizar ese trasvase de soberanía del pueblo al capital: 1º) por medio de los medios de comunicación, y 2º) Por medio de las elecciones. Veámoslo:
1º) El dominio sobre los medios de comunicación hoy está casi totalmente en las manos de sociedades de capital, que son sus propietarias. Estos medios de comunicación se basan en la libertad de prensa, que es la libertad de los propietarios de los medios de comunicación, nada que ver con la libertad de opinión. Éstos se financian con subvenciones en forma de publicidad comercial, pagada por otras sociedades de capital. Así, estos medios de comunicación financiados por los grandes capitales, se transforman en instancias de control de la opinión pública y, por tanto, de la libertad de opinión. Para estos medios no hay otra libertad de opinión que la libertad particular de sus propietarios y sus fuentes de financiación. Ésta la garantiza la libertad de prensa.

El derecho humano, la libertad de expresión, no es la libertad de prensa, sino la libertad de opinión de todos y todas, y por tanto, es universal. Pero al hacer de la libertad de prensa el único criterio para los derechos de la opinión en los medios de comunicación, la libertad de prensa se ha transformado en un instrumento sumamente eficaz para el control de la libertad de opinión de la mayoría, de toda la ciudadanía, universal. Berlusconi como propietario de la gran mayoría de medios de comunicación en Italia podía expresar hasta con trompetas su opinión sin casi ninguna contestación. Sin embargo, uno de los canales de televisión que le hizo la oposición más dura era un canal de la televisión pública RAI. No lo podía intervenir, porque tenía una autonomía asegurada por el derecho. Por otro lado, el presidente Reagan aseguró su poder en buena parte por su indiscriminada política de privatización de los medios de comunicación, inclusive con un conflicto durísimo con la UNESCO, a la cual retiró su financiación. Con eso aseguró un dominio incontestado sobre el derecho humano de la libertad de opinión en EEUU.

2º) Una muy parecida situación se da en casi todos los procesos de elección. Un participante importante y muchas veces decisivo en las elecciones es el poder económico, como el verdadero soberano. Siempre está, pero su presencia es invisible. Este gran participante está presente hasta cuando él mismo ni lo sabe. Está presente en las elecciones de los candidatos, en los discursos y en los medios de comunicación.

De esta manera, la política recibe una nueva y muy importante función. Para tener éxito en los procesos electorales, casi siempre tiene que estar presente este gran participante (el poder mediático en manos del capital) más o menos invisible, frente a los electores. Tiene que hacer eso en una forma tal en la que aparentemente los ciudadanos deciden ellos mismos por su propia voluntad. Sin caer en la cuenta el poder que ha tenido en las elecciones este gran participante. De hecho ha sido el soberano real. El político exitoso es entonces aquel que consigue los votos gracias a la representación de los medios de comunicación, los “mass media”. Y la ciudadanía deposita su voto en las urnas como si fuera la propia decisión de ellos mismos.

A pesar de todo, la soberanía popular por eso no deja de ser algo real y efectivo. Que los ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia del poder que tiene el pueblo, de la soberanía popular, es el gran peligro para esta democracia. La soberanía popular no es el resultado de una ley que la reconoce, sino muy al contrario, la ley que la reconoce parte del hecho de que un pueblo que se sabe soberano y que actúa consecuentemente, es efectivamente soberano, haya ley o no. Es esta soberanía popular que nuestras democracias tienen que transformar en soberanía del mercado y del Capital.; pero con eso pueden fracasar. Y eso es lo que temen cuando empiezan los levantamientos populares de verdad democráticos.

Una justa indignación popular se eleva desde el corazón de nuestro país. Su tejido industrial está desgarrado, los grandes patrones colocan su producción en el extranjero para aumentar sus ganancias aún más. Decenas y decenas de miles de millones se distribuyen anualmente a los accionistas de empresas, mientras que los empleados son expulsados de las empresas desmanteladas o puestos en el desafío de aceptar la disminución de salarios con condiciones de trabajo degradadas.

Los derechos sociales adquiridos por un siglo de lucha se reducen de manera sistemática o son incluso eliminados en nombre de la «competitividad». Los servicios públicos – hospitales, escuelas, transporte, vivienda – son objetivos para el poder por causa de «la economía», mientras que las tasas, los impuestos y los gravámenes continúan reduciendo el poder adquisitivo del mundo del trabajo.

¿Es justo que los españoles vivan cada vez peor mientras que una pequeña minoría se enriquece escandalosamente a sus espaldas? ¿Es legítimo que posean, a título privado, las riquezas de España que pertenecen a la toda la ciudadanía y que se estén vendiendo para aumentar aún más su riqueza? ¿Es normal que estos privilegiados, esta oligarquía, mantenga para sus propios fines todos los medios de comunicación para modelar la opinión pública a su favor? ¿Es democrático que las directrices políticas y económicas se decidan sin consenso ciudadano en Bruselas, que legisla para la Europa de los Negocios a costa del pueblo? ¿Es lógico que el gobierno aplique al pie de la letra las directivas decididas fuera de nuestras fronteras, en nombre de la Unión Europea, para el beneficio de la oligarquía financiera?

Esta situación desespera a nuestro pueblo. De ahí su legítima indignación. No debería ser instrumentalizada por las fuerzas más oscuras de la reacción para distraer y tratar de desviarla hacia horizontes aún más oscuros. España está en peligro. El destino del pueblo está ligado al restablecimiento de la soberanía y de la independencia nacional. En las manifestaciones constantes en casi todas las ciudades españolas se lucha por la autonomía popular, y se denuncian los recortes, ajustes o reformas estructurales.

Luchamos por la sanidad pública, la educación para todos, por unos servicios públicos de calidad.. Queremos llegar juntos a una cierta unidad de acción para lograr una nueva Constitución que de verdad garantice esa soberanía perdida. Luchamos por la unión de los pueblos de España y el restablecimiento de la soberanía popular y del poder popular, condicionantes de la democracia y el progreso social.

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