La Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y sus organizaciones miembros condenan las numerosas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario que siguen perpetrándose en el conjunto del territorio y, en particular en el Este del país, en el Norte de Katanga, en el distrito de Ituri y en las provincias del Kivu Norte y Sur: ejecuciones sumarias y extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, arrestos arbitrarios siguen siendo cotidianos para las congoleñas y congoleños.
Estos crímenes se cometen tanto por Agentes del Estado, principalmente los miembros de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y la Policía Nacional Congoleña (PNC), como por milicias y grupos armados en actividad, principalmente las Fuerzas democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), los Interahamwes, los ?Rastas??, los Mai-Mai…
Nuestras organizaciones están particularmente preocupadas, por la amplitud de las violaciones y otras violencias sexuales perpetradas en RDC. Como ejemplo, el experto independiente sobre la situación de los Derechos Humanos en RDC, Titinga Frédéric Pacéré, cita en su último informe el caso de 3.000 violaciones registradas en Katanga en septiembre de 2006, cuyos autores serían, en un 70%, militares. Aunque se han tomado algunas medidas (arrestos, juicios y condenas) contra los autores de esos crímenes, la mayor parte de ellos siguen impunes.
Generalmente, los defensores de los Derechos humanos se encuentran confrontados a muchos límites para llevar a cabo sus actividades, como dan testimonio los casos presentados en el informe de 2006 del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, programa conjunto de la FIDH y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Pedimos al Consejo de Derechos humanos que adopten una resolución condenando las violaciones graves de los derechos humanos, perpetradas contra la población civil y que prorroguen el mandato del experto independiente sobre la situación de los Derechos Humanos en RDC y le proporcionen la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato.
Hacemos un llamamiento a las autoridades congoleñas para que pongan en práctica las recomendaciones que les dirige el experto independiente, que luchen contra la impunidad de los autores de los crímenes más graves, particularmente asignando los recursos presupuestarios propios y garantizando la independencia de la justicia y cooperando plenamente con la Corte Penal Internacional.