Guadalupe llegó hace dos años a Barcelona desde Ecuador con su hija de 10 años. Abandonó su puesto de profesora de la universidad de Geografía, que no le daba para llegar a fin de mes y ahora limpia en varias casas de Barcelona, todas las mañanas y todas las tardes, sábados incluidos, pero no tiene papeles. La suya es una historia común, sin grandes tragedias. Ella y su familia llegaron en avión y no en cayuco y su espera angustiosa por los papeles no sale en los periódicos. Pero Guadalupe, después de dos años en nuestro país, asegura: «los españoles necesitan mi trabajo, ya nadie quiere deslomarse limpiando casas y sólo nosotras lo aceptamos». Ella es la pequeña punta de un iceberg cada vez más grande que ha transformado la realidad española en poco tiempo.
La riada de cayucos que ha llegado a Canarias en los últimos meses ha puesto la inmigración, otra vez, en las primeras páginas de los periódicos y, según una encuesta realizada por la Cadena Ser, se ha convertido en la primera preocupación de los españoles.
Las palabras y los tonos de los políticos, cada vez más duros en esta cuestión, han ayudado a crear un clima de supuesta invasión que, según los expertos, no se corresponde con la realidad.
El secretario de Organización del Partido Socialista (PSOE), José Blanco, encendió la polémica a mediados de septiembre al asegurar que «el mercado laboral español no puede absorber más inmigrantes». Sus palabras actuaron como un verdadero revulsivo que ha abierto la caja de Pandora de la inmigración.
Dentro del mismo PSOE, las voces contrarias no tardaron en dejarse oír. La última ha sido la del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que el viernes aseguró que España «va a seguir necesitando inmigrantes a no ser que se tome la decisión de no crear más empleo».
Trabajadores necesarios
Pero la respuesta más contundente ha venido de los sindicatos, la patronal y las organizaciones humanitarias, que aseguran que España puede y debe seguir absorbiendo inmigrantes, porque gracias a este fenómeno la economía española crece a uno de los ritmos más altos de la Unión Europea.
Y es que según un informe reciente de Caixa Catalunya, la economía de nuestro país, sin la inmigración, estaría en plena fase de recesión. Los inmigrantes copan la mayoría de puestos de trabajo en el servicios doméstico, donde un 33,42% de las trabajadoras (en su mayoría son mujeres) son extranjeras. La construcción es el segundo sector donde hay más inmigrantes, con un 21,19%, seguido del agrario, con un 14,16%, y la hostelería, con un 10,77%.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, respondió de forma contundente a las palabras de Blanco asegurando que «no puede darse por cerrado ningún mercado de trabajo a nivel empresarial. Que sea cada vez más difícil encajar nuevas ofertas de trabajo en el mercado parece evidente -matizó- pero de ello no se puede sacar la conclusión de que ya no encaja más oferta».
Para el secretario Confederal de Migraciones, Julio Ruiz, está claro que «España va a seguir necesitando inmigrantes, ahora y en el futuro, para poder mantener el crecimiento económico, el estado del bienestar y los niveles de protección social de nuestro sistema».
Lo que se debe combatir y erradicar, según Ruiz, es la inmigración ilegal «que es la más perjudicial para todos, para ellos, sobre todo, y para nuestra economía, nuestro mercado de trabajo y nuestras empresas».
Para Cáritas, una de las principales ONG que trabajan directamente sobre el terreno con inmigrantes, las cifras del mercado comunitario también demuestran que aún se necesita mano de obra extranjera. Agustín Gutiérrez, responsable de inmigración de esta organización, tiene claro que «hay muchos sectores económicos que pueden seguir absorbiendo inmigrantes», pero pide que no se los encasille como simple mano de obra. «La inmigración no es sólo una cuestión política o de la administración, es un tema de todos».
Acerca de la percepción que muchos ciudadanos tienen de que los inmigrantes sólo se benefician de las prestaciones de la Seguridad Social, pero no aportan casi nada, Gutiérrez asegura que ellos lo ven «al revés». «Cada vez hay más aportaciones», asegura.
Según datos del Ministerio de Trabajo, los inmigrantes han contribuido en 21.500 millones de euros a la Seguridad Social desde 1999 y se prevé que a finales de este año el estado reciba 8.000 millones por este concepto.
El Banco de España, además, apunta que la inmigración no ha aumentado el gasto social, como muchos temían, sino todo lo contrario, ha retrasado el déficit de la Seguridad Social en casi una década.
Aviso de la UE
La Unión Europea dio un toque de atención a España en la pasada cumbre de Tampere (Finlandia), en septiembre, por los procesos de regularización de inmigrantes que ha llevado a cabo en los últimos años y que según la UE «actúan de efecto llamada».
En los últimos 20 años, los diferentes gobiernos de nuestro país han regularizado a 1.146.970 inmigrantes. El primer proceso lo llevó a cabo el Gobierno de Felipe González en 1986, y se volvió a repetir en 1991. Con el PP en el poder, se llevaron a cabo 5 procesos de regularización distintos y desde que José Luis Rodríguez Zapatero está en la Moncloa se ha vivido un proceso que regularizó a casi 600.000 personas.