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Satisfacción en El Salvador por órdenes de arresto caso jesuitas

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Entre los asesinados estaban el rector y vicerrector del alto centro docente, Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, respectivamente. Las otras víctimas fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, españoles, y Joaquín López y López, salvadoreño, al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.

Organismos de derechos humanos en El Salvador expresaron hoy su satisfacción por el hecho de que un juez español haya ordenado la búsqueda y la captura internacional de 20 militares salvadoreños acusados de la masacre jesuita de 1989.

El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España ordenó este lunes la búsqueda y la captura internacional de 20 militares salvadoreños entre altos oficiales y soldados que el 14 de noviembre de 1989 ordenaron asesinar y ejecutaron la orden en contra de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en el interior de la Universidad Centroamericana (UCA), en medio de la guerra civil de ese entonces.

Entre los asesinados estaban el rector y vicerrector del alto centro docente, Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró, respectivamente. Los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.

«Este hecho demuestra que no ha sido en vano el esfuerzo, que la justicia llega y que la gente tiene que quererla y exigirla para lograrla.

No se está consiguiendo para las familias de las víctimas y la Universidad Centroamericana (UCA); es para todas las víctimas humildes y anónimas de este país», dijo desde Brasilia el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuéllar.

«Que se haya dictado orden de detención a los asesinos de los jesuitas es importante en la justicia universal porque manda el mensaje a todos aquellos violadores de derechos humanos en el mundo entero de que aunque en sus Estados, en sus países no haya justicia, hay lugares donde sí se hace justicia», dijo el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.

«La justicia universal tiene cabida donde no se hace. Lamentablemente en El Salvador no hay un sistema de justicia operante, capaz de detener toda impunidad. Puede haber jueces, magistrados, que quieran hacer justicia, pero son atacados», apuntó Montenegro.

Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos, Salvador Menéndez, señaló que lo ideal era que se hiciera justicia internamente, pero «es un hecho simbólico» que opere la justicia internacional. Un vocero oficial de la presidencia salvadoreña dijo a dpa que el mandatario Mauricio Funes aún no tiene una posición sobre el complicado caso.

Por su parte, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que «la única participación que nosotros podríamos tener es en el caso que esta Corte Española decida canalizar las órdenes administrativas o las órdenes de captura hacia las autoridades salvadoreñas. En ese caso, nuestra única función es recibir esa petición y trasladarla a las autoridades judiciales salvadoreñas». «En teoría la justicia española tendría dos caminos: ese es uno, soltarlo a la justicia salvadoreña por la vía diplomática.

El otro camino, pero que lo vemos poco probable, es la vía por una difusión roja por INTERPOL, porque ese es un asunto que se canaliza de las oficinas españolas a INTERPOL y de INTERPOL a las oficinas de aquí en El Salvador y consecuentemente a la policía salvadoreña», agregó el funcionario salvadoreño. «Por ser una orden de captura internacional, los países están obligados a cooperar en la ubicación y detención de los militares implicados y remitirlos al tribunal español», aseguró Abraham Abrego, subdirector de la Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD). «Lo vemos como un precedente positivo, pero lamentable porque se da por la justicia en otros países.

La ley de amnistía vigente, los tratados con España, y algún tipo de obstáculos legales podrían influir para no extraditarlos», agregó el abogado Ábrego.

Finalmente, el ex guerrillero firmante de la paz y actual profesor universitario Roberto Cañas aseguró que «es bueno para el establecimiento de la verdad y la justicia que se haya decretado orden de captura» y agregó: «Mi primera reacción es declararlo como un hecho bueno, lástima que no se halla hecho en El Salvador y se tenga que acudir a una corte española para conseguirlo; el otro aspecto es que se tiene que seguir investigando la verdad para tener a los autores intelectuales de este hecho horroroso y trágico».

Escrito por San Salvador, 30 may (dpa)
Lunes, 30 mayo 2011 15:09

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