Decía Shopenhaver, que la virtud original del ser humano es la rebeldía, pues bien, ese valor hoy en Colombia, está castigado con la muerte.
En el país de nuestro Celestino Mutis, el año pasado fueron asesinados más de treinta sindicalistas, algunos de ellos con evidentes signos de tortura, principalmente por obra de grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad del Estado.
El gobierno colombiano alega que los abusos sufridos por los sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical, sin embargo, organizaciones como Justicia y Paz, Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Sicsal y otras, denuncian que las amenazas, torturas y homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.
También son numerosos los ?homicidios accidentales?? y desapariciones de civiles por parte de las fuerzas armadas. Estos, han ejecutado extrajudicialmente, en el último quinquenio, a más de 300 personas. Los militares, a menudo, presentan a sus victimas, en su mayoría campesinos, como guerrilleros muertos en combate. Esta perversa y falsa trama, es consecuencia de una campaña lanzada por el Sr. Uribe de gratificaciones por guerrilleros dados de baja. Ello ha provocado que 400 organizaciones no gubernamentales de Colombia, hayan denunciado en la ONU, tales hechos
Solo en el pasado mes de Diciembre fueron asesinados 17 indígenas, por el mero hecho de denunciar la situación de masacre y atropello contra su pueblo. Se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción. Diversas asociaciones de juristas internacionales, entre ellas, la de juristas europeos para la democracia y los DD.HH. en el mundo, han señalado al presidente Uribe y al Gobernador del Cauca como responsables directos de algunos de estos asesinatos y de la represión contra indígenas.
El número de desplazados forzados ya superan los tres millones de personas.
En el Chocó, segundo pulmón natural de Sudamérica tras el Amazonas, los paramilitares han ido despojando y desterrando de sus hogares a numerosas poblaciones de indígenas, campesinos y afrodescendientes, de unas propiedades que eran dueños desde la noche de los tiempos, y ahora andan errantes, sin amparo y temerosos de estos grupos, y de la guerrilla (que esa es otra) y dejando a sus espaldas, a innumerables familiares masacrados, sus casas, su historia, sus tradiciones y su envidiable herencia de amor y respeto por un hábitat, que ahora ven , como las multinacionales que se están instalando, esquilman y devastan ecocidamente, y que hasta hace muy pocos años, gracias a sus verdaderos propietarios, se mantenían vírgenes.
Las autoridades colombianas se niegan a reconocer que existe un conflicto armado en el país, prefiriendo definir las hostilidades en el marco de una guerra contra el terror internacional. Esta negación, facilita el poder meter en tan peligroso paquete, a todo bicho viviente disidente de las directrices gubernamentales, por lo que produce un sinfín de ?daños colaterales??, en forma de homicidios, contra la población civil, así como espantosas violaciones contra los derechos humanos.
El señor Uribe, lanzó últimamente una campaña denominada: ?Colombia limpia??, con el sedador objetivo público, de eliminar los grupos paramilitares, debido a que estas fuerzas han sido condenadas múltiples veces por diversos organismos internacionales. Pero más lejos de ser desmantelados en su totalidad, como se pregonaba a bombo y platillo, se estima que aún quedan más de 9 mil paramilitares armados, los que se prejubilaron, se han reconvertido en bandas criminales llamadas las ?águilas negras??, los ?gaitanistas??,??.al servicio solapado de sus antiguos compañeros, financiándose descarada y permisivamente a través del narcotráfico, y hostigando con más crudeza que antes, a campesinos, indígenas, grupos sociales, sindicalistas, cristianos que osan implantar el Sueño de Jesús, aquí, en la Tierra, y otros especimenes que también osan creer en la igualdad y libertad de las personas.
La credibilidad democrática del Sr. Uribe y su permisividad ante las situaciones de corrupción, represión, homicidios, y violación a los derechos humanos es evidente.
Pues bien, el Ayuntamiento de Cádiz quiere recompensar su fantástico currículum, otorgándole el primer premio ?Cortes de Cádiz a la libertad??.
Tan injusto, es no reconocer los logros del Ayuntamiento en los últimos tiempos, como conceder ó aplaudir la mencionada concesión. Y la idea, no deja de ser buena, es el desacierto de la persona a quien se la quieren otorgar, que precisamente le ha robado la libertad a un pueblo entero, cuyo volcán de clamor no llega a nosotros, porque conoce muy bien las artimañas de cómo apagarlo.
Tal galardón, en primer lugar, representa un insulto hacia la mayor parte del pueblo colombiano, que no llega a entender tan desmesurada distinción al símbolo de la opresión.
Segundo, que duda cabe que con tal elección, el premio ya nace desprestigiado. El laurel, de cualquier asociación gaditana, gozará de mayor credibilidad que el internacional de las Cortes de Cádiz.
Tercero, el señor Uribe preside uno de los gobiernos más irresponsables del mundo y que utiliza las estructuras democráticas, precisamente, para reprimir a cuantos disidentes de su política y directrices se enfrenten. O sea dinero o plomo. O te compro o te reprimo. Ese es estilo democrático, que se intenta validar desde Cádiz.
Existen muchas personas o instituciones de Latinoamérica, España, Andalucía, e inclusive Cádiz, que son ejemplos fieles y fidedignos, de la lucha por la libertad. De entre ellos debe salir el verdadero merecedor, para que este premio nazca con prestigio y autenticidad y no manchado de sangre, corrupción y opresión. Al final, Virtud por Maldad. Después nos quejaremos que están cambiando los valores.