La polémica prevalece hoy en Nicaragua, donde la Asamblea Nacional desoyó peticiones de posponer el debate sobre el aborto terapéutico para después de las elecciones, y se plegó a las presiones de los jerarcas religiosos. Con esa decisión, el poder legislativo eliminó de un golpe la figura legal vigente desde 1891 que permitía la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida de la madre o que la concepción hubiese sido producto de violación o incesto.
La penalización del aborto terapéutico fue aprobada de manera expedita con el voto a favor de 52 de los 90 diputados, ninguno en contra y cero abstenciones.
Según el conteo, 28 legisladores de la bancada sandinista, 18 del Partido Liberal Constitucionalista y seis de la Alianza Liberal Nicaragüense dieron su consentimiento para reformar el Código Penal.
El resto de los congresistas no asistió al plenario o se ausentó en el momento de ejercer el sufragio.
Grupos feministas, organizaciones civiles, la sociedad médica y la comunicad internacional habían solicitado a la junta directiva parlamentaria postergar la votación para después de los comicios del 5 de noviembre, debido al cariz electoral que tomó el tema.
«Votos vergonzantes», asegura este viernes el titular de portada de El Nuevo Diario, que inserta fotos de la protesta protagonizada ayer por centenares de mujeres frente al Parlamento, en los momentos en que se aprobaba la reforma al Código Penal.
Según el Movimiento Autónoma de Mujeres, que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la penalización del aborto atenta contra la naturaleza laica del Estado nicaragüense.
La organización denunció que la medida condenará a muerte a miles de mujeres, por lo que instó a los nicaragüenses a emitir un voto de castigo el próximo 5 de noviembre contra los partidos que apoyaron la penalización del aborto.