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Penalización de la protesta social en Panamá -- Conrado Sanjur

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Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA.
En el día de ayer, en hora cercana a la medianoche, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate la ley mediante la cual se castigará con cárcel entre seis y veinticuatro meses a quienes realicen protestas en las calles.

Voces de protesta se han levantado inmediatamente por parte del movimiento social y de la ciudadanía en general. La medida violenta la Constitución de la República que garantiza la libertad de movimiento en el país, cercena el derecho de todo ciudadano y agrupación a expresar pacíficamente su posición y sus demandas frente a lo que considera afectación a sus derechos y, sobre todo, será una medida contra el pueblo pobre que es el que regularmente sale a la calle a exigir soluciones a los múltiples problemas que viven los sectores populares como la falta de agua, la basura, el reclamo de tierra para vivir y soluciones de vivienda, la violencia, la deficiente atención médica, la falta de medicamentos, la inseguridad laboral, el cumplimiento de la justicia, el rechazo a proyectos mineros e hidroeléctricos, y tantas otras causas más.

La medida contrasta con la sabiduría popular y ciudadana que sabe que la última, y a veces única, manera de dar a conocer sus problemas y ser escuchados por los gobiernos es a través de la manifestación en la calle. Otra realidad sería si los gobiernos que se turnan en el poder tuvieran como política estar pendientes de darle solución a los graves problemas que sufre la población, que es su responsabilidad.

La ley aprobada por la Asamblea pasará inmediatamente a la consideración del Ejecutivo para su sanción o veto. El presidente Ricardo Martinelli, días atrás, en reacción al anteproyecto de ley que se discutía, manifestó que a los legisladores “se les fue la mano”, aunque manifestó estar de acuerdo con que se tomen medidas.

La iniciativa legislativa, que ciertamente responde a los intereses del gobierno nacional y del empresariado, busca restar la acción crítica del movimiento popular contra las férreas políticas de corte neoliberal que impulsa a tambor batiente el gobierno del señor Martinelli.

Cada día se activa más la protesta de los pueblos indígenas y campesinos contra los desalojos forzados y contra los proyectos mineros e hidroeléctricos que, además de despojarlos de sus tierras, contaminan y destruyen el ambiente, los movimientos de masas espontáneo que reclaman soluciones a los problemas de toda índole y, sobre todo, el movimiento obrero con sus justas y permanentes exigencias de seguridad laboral y de justicia para trabajadores asesinados.

Es necesario señalar que la ley recién aprobada en la Asamblea mereció un aceleramiento después de los conflictos generados entre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, y Similares, SUNTRACS, la más grande y beligerante agrupación obrera en el país, y el Ministro de Gobierno y Justicia a la ocasión, en semanas anteriores, de una manifestación de los trabajadores anunciando una gran marcha en días posteriores, que no fue del agrado del señor Ministro y que, de manera prepotente y ofensiva contra los trabajadores y su organización sindical, quiso imponer su voluntad directamente su voluntad, lo que provocó que al día siguiente llegaran contingentes de antimotines con bombas lacrimógenas y carros cisternas para reprimir a los trabajadores que no tuvieron otra forma de salida que subirse a los proyectos en construcción y desde allí responderles con lo que tuvieran a la mano.

Se espera que en los días siguientes el señor Presidente piense serenamente e imponga un veto a esta ley que pretende criminalizar la protesta social y que, ciertamente, traerá mayores problemas posteriormente. Como decían algunas expresiones escritas, “Ni Noriega en la dictadura se atrevió a prohibir las manifestaciones en las calles”.

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