Si es cierto lo que nos dicen los medios de comunicación, ya están en la calle todos los implicados en la llamada Operación Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística que se ha producido en España desde que se pusieron en marcha estas refinadas, complicadas y más o menos disimuladas formas de latrocinio que viene sufriendo nuestro país.
El último presunto responsable que quedaba en la cárcel ha quedado en libertad controlada previo pago de un millón de euros. Ésta es la noticia, que estos días tanto está dando que hablar. Una noticia que invita e incluso obliga a pensar.
Por supuesto y mientras no se celebre el juicio, los presuntos responsables de la trama, que ha convulsionado a Marbella y a España entera, no pasan de ser “presuntos” delincuentes, es decir, no son reos “convictos”. Por tanto, mientras no se demuestre judicialmente lo contrario, son inocentes. Y tienen derecho a que se respete la presunción de inocencia que les corresponde.
Pero con decir esto, no se despacha un asunto tan grave como el que estamos comentando. La gravedad del problema no está en los delitos que hayan podido cometer los presuntos delincuentes. Ni tampoco está en el comportamiento de los magistrados. Como bien saben jueces y abogados, las complicaciones que entraña este asunto radican en el vigente ordenamiento jurídico que tenemos en España.
Porque se trata de un conjunto de leyes y procedimientos que están pensados de forma que, a la hora de la verdad, favorecen a quien tiene más dinero y perjudican, como pasa en tantas otras cosas, a los pobres. Por eso, aparte de otras razones, la gran mayoría de las personas que hay en las cárceles son gentes de baja o incluso de ínfima condición económica. Lo cual resulta perfectamente comprensible.
Primero, porque los ricos tienen dinero para pagar una fianza que les puede devolver a la calle. Y en segundo lugar, porque cuando un rico se ve metido en un lío de jueces y fiscales, acude a un buen bufete de abogados que probablemente le sacan las castañas del fuego, mientras que si se trata de un presunto delincuente que no tiene donde caerse muerto, no le queda más remedio que contentarse con el “abogado de oficio” que le asignan y que normalmente no suele tener ni la experiencia, ni los recursos, ni el prestigio profesional para sacar el asunto adelante.
De donde resulta lo que bien sabemos: los ricos pueden pagar buenos letrados que les sacan las castañas del fuego, mientras que los pobres suelen terminar en “el talego”, donde se quedan encerrados por muchos años, si es que al juez (o a la jueza) de turno no se le olvida que el reo ha cumplido su condena y el desdichado se queda un año más en la cárcel, como ha ocurrido no hace mucho, según se nos ha informado hace pocos días.
Nunca deberíamos olvidar, como ha hecho notar acertadamente Luigi Ferrajoli, que “el derecho es siempre una realidad no natural sino artificial, construida por los hombres, incluidos los juristas, que tienen una parte no pequeña de responsabilidad en el asunto”. Y de sobra sabemos que, en todo lo relacionado con el derecho y la justicia, ocurre lo mismo que pasa en tantos otros ámbitos de la vida: lo normal es que el pez gordo se come al pez chico.
Sin ir más lejos y volviendo al asunto que aquí nos ocupa, ahora mismo en Marbella, los que han sido defraudados o engañados, estarán clamando al cielo y hundidos en su desgracia, mientras que los “presuntos” defraudadores, ahí están ya, en sus casas y en la calle. Y además probablemente con sus cuentas corrientes repletas de millones. Cuentas bien protegidas en paraísos fiscales y al abrigo de los más eficaces secretos bancarios.
Si tantas otras cosas es urgente mejorar y perfeccionar en nuestra sociedad y en nuestro país, una de ellas (no sé si la que más) es el derecho. Ante todo, para que los derechos de los ciudadanos se vean protegidos por las adecuadas garantías que los hagan eficaces, es decir, garantías que sea capaces de reducir la distancia que siempre existe entre las normas y su eficacia. Y en segundo lugar, para que el derecho procesal esté pensado y funcione de forma que, en la práctica, no esté al servicio del que pretende proteger al más fuerte, sino que se oriente más bien en la dirección de lo que acertadamente se ha llamado “la ley del más débil” (Ferrajoli).
Quiero decir, que el conjunto de normas que regulan la actuación de quienes tienen que aplicar la leyes estén pensadas y se apliquen de tal manera que, en la práctica, no salgan ganado casi siempre los fuertes y poderosos, sino que todos los ciudadanos puedan ser realmente iguales en dignidad y derechos.
Estoy seguro de que si algo de esto se tomara en serio y en serio se llevara a la práctica, los pelotazos urbanísticos y sus víctimas se reducirían sensiblemente. Y más aún se remediarían los mil atropellos de los que todos los días nos quejamos: la violencia contra las mujeres, los niños, los inmigrantes, los ancianos que no tienen otra cosa que una pensión no-contributiva y así sucesivamente. Todas estas gentes tienen una cosa en común.
Son lo más débiles de nuestra sociedad. Ya es hora de que nuestros gobernantes se empeñen de verdad en que las leyes sean tales y se apliquen de tal forma que sean realmente las leyes de los débiles. Y si es que todo eso es una utopía irrealizable, entonces, ¡por favor!, que se callen de una vez los que, desde puestos de poder y mando, nos calientan la cabeza con promesas de acabar con la violencia que se ven obligados a soportar los peor tratados, no por la vida, sino por nosotros, los que podemos evitar tanta barbarie y no la evitamos.
