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OBISPOS Y OBJECCIÓN DE CONCIENCIA. José María Castillo, profesor de Teología

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Diario de Cádiz

Educación para la ciudadanía21.jpgLos obispos españoles (unos más que otros) tienen serios reparos ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Un párroco de la archidiócesis de Toledo les ha dicho a sus feligreses que, si no presentan objeción de conciencia contra esa asignatura, sus hijos no recibirán la catequesis. El párroco ha rectificado inmediatamente. El cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, no quiere que el párroco amenace así a sus fieles. El cardenal ya había dicho que “no se impone a nadie esta objeción de conciencia; es algo que han de decidir los propios padres”.
Pero también es cierto que el mismo arzobispo les ha dicho a los padres de familia: “Si optáis por la objeción de conciencia, estaréis también optando por la defensa de vuestros hijos, por la tutela de los derechos fundamentales y contribuyendo al bien común”.

Por lo demás, se sabe que los obispos han reprendido duramente a los colegios católicos concertados que han anunciado que impartirán la asignatura.

No está claro, ni mucho menos, que en la mencionada asignatura se vayan a enseñar principios contrarios a la fe y a la moral católica. Pero no es eso lo que yo quiero tratar aquí. El incidente del cura de Toledo me ha hecho recordar lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos: “Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda autoridad procede de Dios… Por eso quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios… Por tanto, hay que someterse, y no sólo por miedo al castigo, sino en conciencia” (Rom 13, 1-5).

Cuando San Pablo les dijo esto a los cristianos de Roma, al final de los años 50, la autoridad a la que debían someterse “en conciencia” aquellos cristianos era la autoridad de Nerón. Es verdad que, en aquel tiempo, Nerón se deja aconsejar todavía por Séneca y su administración, según parece, era correcta. Pero, a fin de cuentas, cualquier romano sabía que aquel hombre llevaba dentro un tirano. También es cierto que, a juicio de San Pablo, la autoridad es “ministro de Dios para el bien” (Rom 13, 4). Pablo no piensa aquí en el caso de una autoridad que ordene hacer el mal. La enseñanza de este texto es, en definitiva, la misma que expone la primera carta de Pedro (2, 11- 3, 12) donde el catálogo de virtudes domésticas que ahí se recogen corresponde a la doctrina filosófica de la politeia, que era el derecho de ciudadanía y el comportamiento del buen ciudadano ante el Estado y en sus obligaciones domésticas. Como explican los mejores estudiosos del Nuevo Testamento, lo que estos textos quieren inculcar a los cristianos es que se comporten como buenos ciudadanos y no den motivo de escándalo (J. Gnilka).

En cualquier caso, la Iglesia de aquellos tiempos aceptó el Derecho Romano y, sobre todo, a partir de Constantino y Teodosio (s. IV), asumió aquel derecho que, salvo raras excepciones, era el derecho de los cristianos (J. Gaudemet). Por ejemplo, en cuanto se refería al ordenamiento del matrimonio y la familia. O a la legislación sobre los esclavos. Todavía en el s. XI, el Decreto de Graciano da buena cuenta de todo esto.

De todas maneras, y sea lo que sea de estas cosas, lo que no entiendo es que nuestros obispos sean tan exigentes con el Estado español en una cuestión como la enseñanza para la ciudadanía, cuando son tan tolerantes con el Estado de la ciudad del Vaticano, que, a estas alturas, no ha suscrito los Pactos Internacionales, aprobados por la ONU en 1966, para la puesta en práctica de los derechos humanos. Y aceptan tranquilamente el vigente Derecho Canónico, que no reconoce la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos. Y menos aún entiendo que los obispos no clamen al cielo por el hecho de que la Santa Sede, como Estado asociado a Naciones Unidas, no haya firmado todavía las Convenciones en defensa de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, las que condenan los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, la prohibición de la pena de muerte, de la tortura o de los tratos inhumanos o degradantes.

Sabemos, por supuesto, que las enseñanzas doctrinales de los papas, desde Juan XXIII, vienen rechazando todo eso. Pero también sabemos que, en asuntos de derechos y deberes, no bastan las enseñanzas doctrinales. Lo determinante son las leyes, y las debidas garantías, para que esas leyes se conviertan en auténticos derechos. Sin olvidar que el amor a las personas empieza por el respeto. Y que a una persona no se le respeta si no se le garantizan sus derechos. Entonces, ¿a qué viene predicar tanto el amor al prójimo cuando no se cumplen ni las exigencias mínimas del respeto a quien decimos que amamos? Sólo la coherencia puede producir buenos ciudadanos y, por supuesto, buenos cristianos.

El cardenal Cañizares, como ya he dicho, está preocupado “por la tutela de los derechos fundamentales”. Supongo que, si el cardenal ha tomado en serio esa preocupación, en el Vaticano estarán tan acostumbrados a oír las quejas de Cañizares como lo estamos en España. Es un decir.

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