Nueve personas reposan la digestión echando la siesta, leyendo las malas noticias del día o retando a la cabezada ante la tele de sobremesa. Son inmigrantes y españoles, con papeles y no. Todos viven en casa de un cura acostumbrado a acoger antes de preguntar. Algunos medio trabajan y otros se buscan las lentejas que acaban de comer. Hay un silencio como de ricos entre tantos pobres, una paz de estómago lleno, cuando, de repente, suena el timbre.
– Abran, es la Policía.
Ésta es la historia de nueve excluidos que un miércoles de enero no pudieron dormir la siesta porque se les metieron los uniformes en casa, de unos ciudadanos que no sabían que tenían que comer con el carné en la boca, de una Policía que, si el juez lo ratifica, igual se dejó en el descansillo la Constitución.
Ese 13 de enero, a las cuatro de la tarde, Javier Baeza no estaba en casa, dos viviendas del segundo piso de una mancomunidad madrileña que abarca ocho portales. El sacerdote de Entrevías, aquel cura al que el arzobispo de Madrid casi le cierra la parroquia en 2007 por comulgar con magdalenas y abrazar demasiada Teología de la Liberación, no había comido con su gente, nueve hombres con nueve vidas para nueve evangelios.
Un día llegaron a Madrid por cualquier vía y Baeza se los llevó a su techo, desde donde intentan vivir sin sus pasados de sufrimiento encima. Algunos ya habían probado la identificación callejera de los policías, pero ninguno se había llevado la ‘pasma’ a casa.
– Abran, es la Policía.
