«Separar poderes Iglesia y Estado»
El obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, presenta hoy en Madrid su último ensayo, ‘Laicidad del Estado e Iglesia’, trabajo en el que aborda las relaciones y la problemática suscitada por la convivencia de los estados con los grupos religiosos institucionalizados en ellos.
Setién, que hace un análisis de la situación actual de las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica, parte en el libro de ejemplos como el Islam o de estados como el de Israel, donde a lo largo de la historia la religión ha sido siempre una realidad social y política, para destacar la necesidad de aclarar determinados conceptos como el de laicidad.
Para el autor, este concepto de la laicidad debe ser entendido como ‘el derecho que la comunidad política tiene de disponer de sí misma y de gestionar desde sí misma los asuntos que le afectan, sin injerencia de otra autoridad ajena’.
En este sentido, Setién explica que a partir de esta definición de laicidad, ‘la autoridad religiosa carecería de toda competencia jurisdiccional sobre la autoridad del Estado y sobre su actuación’.
Por ello, hace hincapié en la importancia que tiene separar los poderes del Estado y de la Iglesia, sin olvidar que lo religioso existe ‘quiéralo o no el Estado y así se ha de reconocer este anteriormente a cualquier toma de posición ideológica y política’.
El prelado alude a ‘la legitimidad de la opción religiosa como algo inherente a la dignidad humana’, recuerda que la laicidad reclama el diálogo y el acuerdo, y que el Estado tiene la obligación de reconocer y tutelar positivamente ‘cualquier núcleo de influencia ejercido en la sociedad, incluidos los religiosos, a partir del ejercicio de las libertades y del pluralismo’.
En el libro, editado por PPC, analiza la problemática relativa a la influencia que pueden tener las relaciones entre el ejercicio del poder político del Estado y el ejercicio de los derechos religiosos de los ciudadanos en materias como la Educación.
Para Setién, el interés del Estado por asegurar la educación obligatoria y gratuita de todos los ciudadanos, y los intereses de la sociedad y de la Iglesia por alcanzar el reconocimiento del derecho a la libertad en materia de educación escolar ‘deberán ser debidamente armonizados de común acuerdo’.
Y añade que el Estado debe ser respetuoso con los derechos de las personas y de la sociedad en su política educativa, ‘también en la actuación de los centros públicos que le son propios’, y que para ello debe reconocer ‘la pluralidad de distintos proyectos educativos, que respondan a la diversidad de formas de pensar, de opinar, y de sentir, también en materia religiosa, propia de una sociedad democrática’.