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MEZQUITA. Editorial de El País

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Mezquita de Córdoba.jpgLa Junta Islámica de España ha reiterado mediante una carta dirigida a Benedicto XVI la petición de que los musulmanes puedan orar regularmente en la Mezquita de Córdoba. Antes había dirigido idéntica solicitud al presidente del Gobierno, quien declinó pronunciarse sobre el asunto por no tratarse de un bien cuya gestión dependa del Estado. En esa misma línea se ha mantenido el Ayuntamiento de Córdoba, aunque invite a que las partes encuentren un acuerdo satisfactorio para los fieles de las dos confesiones. Ésa parece la línea adecuada para las Administraciones públicas, en la medida en que su papel se limita a garantizar la libertad de culto. Tampoco los partidos políticos deberían ir más lejos para evitar cualquier confusión entre las esferas de competencia civil y religiosa.

El templo, que fue mezquita hasta el siglo XIII y catedral desde el XVI, es uno de los edificios más representativos de la historia de España por cuanto expresa la importancia que adquirió el islam en la península, y forma parte de los bienes que la Unesco ha declarado Patrimonio de la Humanidad.

Su alto valor simbólico, además del artístico, convierte la decisión que adopte el Obispado de Córdoba, que es a quien corresponde responder a la Junta Islámica, en una prueba de la voluntad de apertura a una nueva relación entre la Iglesia católica y el Islam que ha anunciado Benedicto XVI, siguiendo en esto los pasos de su antecesor Juan Pablo II. Durante su reciente visita a Turquía, el Papa mostró un escrupuloso cuidado a la hora de orar públicamente en los templos católico y musulmán que visitó. Incluso se abstuvo de hacerlo en una iglesia desafectada y convertida en museo. Fue una actitud prudente que los representantes de ambas confesiones tendrían que tener en cuenta.

Sobre el Obispado de Córdoba y, en último extremo, sobre la Conferencia Episcopal Española recae la responsabilidad de manejar este asunto sin dar ocasión a que pueda ser instrumentalizado por nadie. El eventual uso común que pueda hacerse o no del templo es algo que preocupa en exclusiva a los fieles de ambos credos. En cambio, la tranquilidad civil, que en algunos casos se está viendo alterada mediante invocaciones a la religión, o la politización de este tipo de problemas para sustentar actitudes xenófobas, afecta a todos los ciudadanos.

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