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México: Sara Salazar de Reyes -- Sanjuana Martínez

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Boomeran

Los Reyes
Sara Salazar de Reyes no ha dejado de cavar tumbas desde hace un año. Primero le mataron a su nieto Julio César de 15 años. Los militares, los paramilitares, los escuadrones de la muerte, valga la redundancia, lo secuestraron y lo mataron. A partir de entonces alzo la voz para denunciar esa atrocidad y sus visitas al cementerio aumentaron: ha enterrado ya a cuatro hijos, un nieto más y una nuera.

Ha llorado tanto, llora siempre. Las lágrimas no las puede contener. Va vestida de negro, ese color maldito que no se puede quitar de encima. La desgracia se ha cebado con su familia. La desgracia de pertenecer a un país como México donde la impunidad militar esta por encima de todo; donde los escuadrones de la muerte actúan bajo la atenta mirada del Estado.

Tiene 76 años y no piensa callar. Uno muere varias veces en la vida. Ella en 14 meses ha ido muriendo cada vez que sepulta a un miembro de su familia. Su cabello esta cubierto de canas y tiene un rostro endurecido por el infortunio y el desamparo; por el desprecio de este gobierno indolente.

Sara Salazar es una luchadora social y lo seguirá siendo. Es la matriarca de la familia Reyes cuyo activismo empezó en la década de los 70. No quiere irse del Poblado Juárez y Reforma del Municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez, Chihuahua donde vive, a pesar de las ofertas de asilo que ha recibido de diversos países. Allí seguirá. Allí se quedará. El destino, siempre es manifiesto.

Los Reyes son una familia de panaderos. Por azares del destino se empezaron a involucrar con denuncias por graves violaciones a los derechos humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones, asesinatos de mujeres, corrupción policial, impunidad militar… No podían permanecer impasibles ante el atropello constante de las garantías individuales contra los ciudadanos del poblado donde radican. Tal vez, por eso, desde 1992 empezaron a recibir presiones y amenazas. A pesar de eso continuaron con su labor y en 2006 criticaron duramente el llamado Operativo Conjunto «Chihuahua» que ya ha registrado 150 casos de abusos militares.

Pero la desgracia en cascada llegó luego del asesinato de Julio César. A partir de allí, su madre Josefina Reyes no paró de exigir justicia y denunciar la impunidad del ejército mexicano. A consecuencia de eso le asesinaron otro hijo, Miguel Angel de 26 años. En ese momento a Josefina le dio un vuelco la vida. Dedicada a la panadería y a la venta de barbacoa en su casa, decidió instalar un comité de derechos humanos para denunciar los abusos de los militares en el poblado. Lo pagó caro. El 3 de enero del año pasado le dispararon 6 balazos en la cara, luego de pasar un reten militar. Los soldados habían allanado su casa en tres ocasiones y le habían advertido que se callara. No lo acepto. Haber guardado silencio hubiera significado convertirse en cómplice del asesinato de sus hijos.

El relevo de Josefina en la familia Reyes lo tomó entonces Rubén, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y regidor en su municipio e integrante del llamado “Gobierno Legítimo” del líder político Andrés Manuel López Obrador. Rubén también era panadero y mientras se dirigía a comprar insumos básicos para su negocio fue ejecutado en plena calle a las 8 de la noche el 18 de agosto del año pasado.

Sara había enterrado a tres seres queridos y pensó que la pena era tan inmensa que ya no podía haber nada peor. Se equivocó. La saña, prepotencia e impunidad se cernían nuevamente sobre su familia que seguía denunciando los crímenes.

«A mí me matan en el camino porque no me voy a quedar en casa», repetía Sara quien a sus 76 años no dejaba de ir a oficinas gubernamentales a pedir justicia y reparación, sin saber que aún estaba por llegar lo peor.

En eso andaba con dos de sus hijos y su nuera cuando el pasado 7 de febrero entre las 6 y 7 de la tarde fueron detenidos cerca de su pueblo. Iban en una camioneta y los obligaron a bajar. Era un comando de hombres encapuchados fuertemente armados. Se llevaron a sus hijos Malena y Elías y a la esposa de este, Luisa Ornelas. Allí dejaron a Sara en la calle junto a su nietecito, ahogada en llanto y desesperación.

Empezó entonces una nueva lucha: la búsqueda de sus tres desaparecidos. Ella y su hija Marisela instalaron un plantón permanente en la subprocuraduría de Justicia de la zona norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás. Durante dos semanas estuvo pidiendo ser atendida y el funcionario jamás se dignó a verla, mucho menos a ofrecerle una solución. Pidió a los medios difundir una carta donde con voz entrecortada pedía clemencia a los captores de sus familiares para que se los entregaran. Como respuesta le quemaron su casa esa misma noche.

Fue entonces cuando Sara y su hija Marisela decidieron viajar a la Ciudad de México para hacer el plantón afuera del Senado de la República. Allí estaban esperando noticias cuando el pasado viernes 25 de febrero les llegó la fatal noticia: el hallazgo de sus familiares, muertos, tirados en una carretera secundaria de Chihuahua.

Sara constataba así el exterminio paulatino de su familia por parte de fuerzas de seguridad del Estado; un Estado que no actuó nunca para resolver los crímenes porque es cómplice de esos grupos paramilitares, militares o policiales que violan la ley desapareciendo y ejecutando ciudadanos que se atreven a alzar la voz para denunciar abusos.

La historia de la familia Reyes demuestra que en México existe un modus operandi manejado desde el gobierno de Felipe Calderón y las fuerzas de seguridad, policial y militar que permite de manera sistemática violar derechos humanos, torturar, desaparecer y ejecutar ciudadanos.

Es muy grave, ver como “comandos armados de encapuchados” actúan bajo la negligencia dolosa, la connivencia y la complicidad del Estado. Y como el gobierno se justifica ante estas muertes argumentando que se trata de “pleitos entre rivales” o “crímenes de la delincuencia organizada”.

Sara esta segura que no son omisiones del Estado. Que la matanza ominosa de su familia tiene el sello del gobierno: “No merecían morir así… pero sabemos que estamos en manos del gobierno, de unos criminales que hacen lo que les viene en gana”, dice sin dejar de llorar.

No hay consuelo para Sara. Viste de negro, ese color espectral que no la deja vivir en paz…

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)

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