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MÉXICO: PRONUNCIAMIENTO CONTRA VIOLENCIA EN COMUNIDADES DE CHIAPAS

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Adital

El «Grupo de Trabajo Chiapas» de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México manifiesta su repudio a las agresiones recientes contra Leonardo y Juan Navarro Jiménez, dos bases de apoyo zapatistas de la comunidad Ba yulumax, municipio autónomo Olga Isabel (municipio constitucional Chilón), perpetrados por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) el 10 de agosto pasado.

Para nosotros, éste ataque es otro hecho más en una serie de agresiones realizados por miembros de la OPDDIC en los municipios de Chilón y Ocosingo recientemente, sin que las autoridades estatales y federales procedan para fincar responsabilidades y castigar a los culpables. Muy al contrario, parece que las actividades criminales de la OPDDIC fueran cubiertas por las instancias del estado y formaran parte de la contrainsurgencia que tanto el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) como el Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» (Frayba) revelaron en sus análisis y boletines de prensa respectivos. Cabe mencionar que también el reportero Hermann Bellinghausen ha informado de éstas agresiones en el periódico La Jornada.

Queremos destacar que estos acontecimientos no pasan desapercibidos y que son noticia en Alemania (igual que otras partes del mundo). Sabemos que en el caso del ataque a la comunidad de Viejo Velasco (municipio de Ocosingo) del 13 de noviembre del 2006, se ha detenido a Diego Arcos Meneses, indígena Ch’ol de la comunidad vecina de Nueva Tila, al que se acusa de cuatro homicidios y quien desde hace nueve meses está preso injustamente en la cárcel de Playas de Catazajá. Diego Arcos Meneses llegó al lugar de los hechos después del ataque para informarse de la situación y para prestar su ayuda como promotor de salud. Cabe mencionar que después de la agresión había cuatro personas desaparecidas.

Hace unas semanas el Estado mexicano mediante un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que se había realizado un operativo en la comunidad de Viejo Velasco el 13 de noviembre pasado, en el que participaron 300 elementos de la Policía Sectorial; ésta aclaración coincide con los testimonios de testigos, que señalaron la participación de dichos elementos en el ataque y los homicidios.

En respuesta a una solicitud de familiares de los desaparecidos, varias ONGs chiapanecas formaron una Comisión Civil de Observación para buscar a éstos en las cercanías de Viejo Velasco. En ésta ocasión encontraron los cadáveres de dos personas, que podían ser identificados como los desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Miguel Moreno Montejo por sus familiares. Hasta la fecha, queda pendiente la verificación por parte de los peritos.

En acuerdo previo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como «Grupo de Trabajo Chiapas» recolectamos más que 750 firmas en el periodo de finales de abril e inicios de junio del año presente para exigir la liberación de Diego Arcos Meneses. Estas firmas fueron entregadas al encargado para asuntos de Derechos Humanos de la Embajada mexicana en Alemania, Sr. Lino Santacruz, el 2 de agosto pasado.

Además – y en reacción a los descubrimientos recientes y la información obtenida a través de la CIDH sobre la involucración de autoridades estatales en el ataque al ejido Viejo Velasco – decidimos emprender una misiva de Acción Urgente dirigida al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines, y al Fiscal General de la misma entidad, Mariano Salvatti, en la que se demanda impulsar una investigación profunda e imparcial de los hechos ocurridos en Viejo Velasco el 13 de noviembre del 2006, identificar y señalar a los responsables y autores intelectuales y someterlos a la justicia.

Vemos con gran preocupación los acontecimientos recientes en México, sobre todo el incremento de las agresiones contra comunidades indígenas zapatistas o independientes, perpetrados por organizaciones con características paramilitares o aún en complicidad con agencias estatales. Reivindicamos las exigencias al Fiscal General del Estado de Chiapas, Mariano Salvatti, de emprender una investigación imparcial y profunda de los hechos ocurridos en Viejo Velasco el 13 de noviembre del 2006; de fingir responsabilidades de los autores intelectuales y los agresores como su sumisión a un proceso penal; de aparecer con vida a Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López; y de liberar inmediatamente a Diego Arcos Meneses.

Además exigimos el sometimiento a juicio de los agresores de los ataques contra Leonardo Navarro Jiménez y su hijo Juan Navarro Jiménez en la comunidad de Ba yulumax el 10 de agosto pasado. Sentimos la obligación de contribuir con nuestros medios modestos a que se ponga fin a la represión contra las comunidades indígenas de Chiapas, en tiempos que nos recuerdan a la fase de alta actividad paramilitar en este estado en los años 1997 y 1998.

Atentamente

* Grupo de Trabajo Chiapas de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México

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