evangelizadora de los apóstoles

A partir del testimonio de los grandes profetas de Israel, que denunciaron la injusticia del despojo de la tierra, mientras anunciaron una nueva era de justicia y de paz en la que “se sentará cada cuál bajo su parra, y bajo su higuera, sin que nadie lo inquiete” (Mq 4, 4); de la propuesta de Jesús de Nazaret, que nos invita a ser libres por el ejercicio de la solidaridad, de manera que los bienes de la creación se repartan equitativamente al tiempo que se garantiza la provisión de las próximas generaciones, en clara oposición a la propuesta concentradora, depredadora y excluyente del sistema neoliberal (Jn 6, 1 – 21);

de la resistencia de las comunidades cristianas de los 3 primeros siglos de nuestra era a las políticas imperiales opresoras; y conscientes de la importancia que para la consolidación de una Colombia en paz con justicia social y equidad tienen los diálogos que actualmente se adelantan en La Habana (Cuba) entre representantes del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP,

COMUNIÓN SIN FRONTERAS MANIFIESTA

1. Es imperiosa la necesidad de que la sociedad civil esté representada y participe con pleno derecho, a través de sus organizaciones populares y movimientos de base, en los diálogos y en los procesos de concertación que se adelantan actualmente en La Habana – Cuba. Ésa es una condición de legitimidad para que los acuerdos, lejos de ser arreglos entre los actores armados del conflicto, se consoliden como auténticos pactos sociales que animen la reconstrucción del proyecto de estado plural incluyente, equitativo y con justicia social.

2. Es forzoso que los actuales diálogos garanticen la eliminación de las causas del conflicto armado que es un conflicto social y político. Dado que uno de los vectores más importantes del mismo lo constituye la tenencia de la tierra, la solución del conflicto pasa, necesariamente, por la desconcentración de la misma en el marco de una reforma agraria. En este contexto, nuestras organizaciones comunitarias respaldan la propuesta de los campesinos, llevada a la mesa de diálogo por las FARC-EP, de crear 59 Zonas de Reserva Campesina – ZRC equivalentes a nueve millones de hectáreas.

Consideramos que el establecimiento de las mismas constituye un punto de partida fundamental para la solución de este grave problema y un deber de justicia para con las víctimas del conflicto armado, despojadas de más de 6,65 millones de hectáreas, destinadas ahora a megaproyectos y latifundios, muchos de ellos improductivos y utilizados en contravía de su vocación o dedicados al monocultivo de exportación. Desconcentrar la tenencia de la tierra es imperioso y obligatorio si se quiere ambientar la construcción de la paz: 47 millones de hectáreas están en manos de 15 mil personas, mientras los 9 millones de hectáreas de las ZRC favorecerían a más de un millón de campesinos empobrecidos; de los 51 millones de hectáreas asignadas al sector agropecuario, 39 millones son potreros improductivos; en el 2010, el 77.6% de la tierra productiva estaba en manos del 13.6% de los propietarios.

Contrario a las impresiones generadas por los medios de comunicación, las ZRC constituyen una instancia reconocida desde 1994 por el ordenamiento jurídico colombiano para la preservación de las áreas destinadas a actividades agrícolas bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, opuestas a la lógica del latifundio. Por ello, se presentan como una realidad que posibilita el reordenamiento territorial, “la prevención del desplazamiento, la estabilización de los campesinos y el aumento de capacidades para la implementación de procesos de mejoramiento de la calidad de vida campesina” [4]. La asociatividad impulsada por esta forma de ordenamiento territorial y la autonomía administrativa que proponen las FRAC-EP al gobierno colombiano, en aras del cumplimiento de sus fines propios, suponen la defensa más efectiva de los intereses de nuestros campesinos, que son los intereses de toda la nación.

3. Es impostergable que las políticas agrarias de la nación se orienten a la seguridad y la soberanía alimentaria. Desde la implementación de la apertura económica hasta hoy, el país ha pasado de producir casi el 100% de sus alimentos al 50% en la actualidad. A esto sumamos el avance del monocultivo para exportación y la destinación de grandes extensiones de tierra (muchas arrebatadas mediante la práctica criminal del desplazamientos de campesinos, negros e indígenas) a la producción de biocombustibles. En consecuencia, la política agraria del país debe conducirse en su totalidad a la recuperación de la seguridad y la soberanía alimentarias, de modo que la producción agrícola se realice bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, libre de productos transgénicos y de agrotóxicos, respetuosa de las costumbres y usos culturales de las comunidades.

4. Frente a la propuesta neoliberal de impulsar la “locomotora minera” y sus nefastas consecuencias para el tejido social, el agro y el medio ambiente, e3s imperioso y urgente cesar y reversar la entrega indiscriminada de licencias, concesiones, adjudicaciones y títulos de explotación minera, con vistas a garantizar la recuperación de la soberanía nacional sobre el suelo y el subsuelo. Para esto es necesario derogar el Código Minero, porque es claramente inconstitucional; en su lugar, debe establecerse un marco legal e institucional fuerte y acorde con una perspectiva ecológica integral, que garantice la defensa de la diversidad biológica y cultural de la nación.

5. Porque creemos que la convivencia humana debe ser absolutamente incluyente y libre de estigmas contra la vida, contra las diversidades y contra el libre desarrollo de la personalidad, la agenda de negociaciones de paz tiene que incluir el pleno reconocimiento constitucional y legal de la comunidad LGBTI. Así lo reclaman la vida misma, el movimiento LGBTI que lucha por el reconocimiento de sus derechos, la constitucionalidad vigente y los cristianos y cristianas de COMUNIÓN SIN FRONTERAS. La teología con rostro humano y ligada a las históricas luchas de los pueblos avanza sin pausa y con hondura pastoral en el asunto y está exigiendo, en Colombia y en todos los países del mundo que sean los marcos legales y constitucionales los que definan este campo de derechos, sin interferencia posible de los moralismos hipócritas de iglesias fundamentalistas homofóbicas. No es posible la paz si la cuarta parte de los habitantes de Colombia sigue siendo negada y demonizada por su orientación sexual y de género.

6. Creemos que sin un acceso universal y sin discriminaciones a la cultura y a una educación vital, crítica y creativa, abierta, plural, diversa, incluyente, gratuita, adecuada a todas las edades y a todos los momentos de la vida de las y los colombianos, y libre de los mandatos neoliberales de la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), es imposible la paz. Por eso exigimos que la educación y la cultura, entendidas y aplicadas como derecho humano fundamental y no como mercado, sea tema y decisión incontrovertible de la mesa de negociaciones de La Habana.

7. Expresamos nuestra solidaridad con la lucha por la justicia y por los plenos derechos de las comunidades campesinas de Colombia del sacerdote PEDRO ELÍAS JOYA APONTE, campesino y testigo del amor de Dios y su justicia entre campesinos del departamento de Santander. El asesinato de su anciana hermana y compañera, BENEDICTA JOYA APONTE y las amenazas contra la vida del sacerdote y contra el movimiento en defensa de los derechos humanos que él acompaña ponen de manifiesto una vez más la fuerza con que las minorías terratenientes del país quieren impedir la paz a todo trance.

Medellín, Abril 9 de 2013

COMUNIÓN sin FRONTERAS:

Congregación de los Vétero-católicos,

congregación de la Fraternidad eucarística de Jesús,

sacerdotes católico-romanos independientes,

asociación católico-romana mujeres presbiteras ARCWP,

congregación metodista,

Fraternidad de la amistad,

colectivos LGBTI independientes,

ONGs y organizaciones populares de base,

laicos y laicas no confesionales.