El informe publicado el 26 de julio por Human Right Watch, titulado “Responsabilidades inoportunas: el fracaso de España al proteger los derechos de los niños inmigrantes no acompañados por adultos en las Islas Canarias”, dice que en 2006 llegaron a las Canarias 931 chicos tras un peligroso viaje en patera.
Ahora sus condiciones son como si estuvieran en una cárcel. Entre 400 y 500 de estos chicos están retenidos en centros de emergencia abarrotados, abiertos por las autoridades regionales para ocuparse de la oleada de llegadas. Duermen en habitaciones con frío, sólo tienes 3 horas de educación a la semana, y algunas veces sólo comen pan y agua. Por ejemplo en el Centro La Esperanza, de Tenerife, los chicos describen una celda de castigo donde se les pega y permanecen encerrados, a veces durante días, sin que se les permita salir ni para ir a baño.
Los niños no tienen mecanismos que les permitan quejarse, no tienen acceso a abogados, ni posibilidad de acceder a algún medio para solicitar asilo. Lo más “vergonzoso”, dice textualmente el informe firmado por Simona Troller, es que el Gobierno regional de las Islas Canarias y el Gobierno Central de España, se señalan con dedo acusador mutuamente, y ninguno de ellos asume la responsabilidad de la situación. De los 931 niños en las islas Canarias, la mitad son de Senegal, un tercio de Marruecos, el 12% de Malí, y el resto de otros países del África Subsahariana, como Mauritania, Costa de Marfil o Sierra Leona.
