El secretario general de UGT, Cándido Méndez, cree que las instituciones europeas responden de forma «equivocada» a los problemas económicos y laborales
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha expresado su preocupación por la decisión de los ministros de Trabajo de la UE de respaldar la norma comunitaria que quiere elevar la semana laboral máxima a 65 horas y ha advertido de que «así podemos abocar a una situación de confrontación muy seria».
El dirigente sindical ha señalado que «así no se construye Europa», y que las instituciones europeas responden de forma «equivocada» a los problemas económicos y laborales pretendiendo «extender a toda Europa la opción de algunos países, particularmente de Reino Unido, de pasar de la jornada de 48 horas a 65 horas».
Para Méndez, el argumento utilizado es de «un cinismo descomunal», al considerar que «esto garantiza la libre elección de jornada del trabajador», según ha criticado.
Ante ello, Méndez ha considerado «inteligente» la reivindicación de un «capitalismo decente, productivo» y «no especulativo» y ha abogado por el reforzamiento de los sindicales y del sindicalismo confederal.
Gravísima irresponsabilidad
Por su parte, el secretario de Acción Sindical Internacional de CCOO, Javier Doz, ha calificado como el «mayor ataque al derecho laboral europeo desde la creación de la Unión Europea» la decisión del Consejo de Ministros de la UE de ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales.
«La minoría acaba imponiendo sus criterios a los demás países»
Doz consideró, en una nota de prensa, «intolerable» convertir la jornada de trabajo, a la que definió como elemento esencial de la negociación colectiva y de la legislación laboral, en una cuestión de relación individual entre el empresario y el trabajador.
En su opinión, no deja de sorprender que para superar la hasta ahora transitoria cláusula del opt out -introducida en su día a petición del Reino Unido- que ofrece a los empleados la posibilidad de trabajar por encima del máximo vigente de las 48 horas semanales, se convierta la excepción en norma y se generalice en la UE.
«La minoría acaba imponiendo sus criterios a los demás países», explicó.
