Nuevo hachazo del Gobierno a los más débiles, pobres y sin posibilidades de defensa ante los ataques de la Administración. Cerca de 70.800 empleados de los servicios sociales pueden perder muy pronto sus trabajos, lo que afectará directamente a unos 2,6 millones de beneficiarios de prestaciones en apoyo a la familia, a la ayuda a domicilio y a la inserción social, así como a albergues para inmigrantes y a comedores sociales. Más de 30.000 plazas para nuestros ancianos en residencias de mayores también pueden desaparecer, si se aprueba este viernes la reforma de la Administración local, una reforma que constituye un paso más hacia la privatización sistemática o el cierre definitivo de los servicios que prestan los Ayuntamientos.
Hasta el momento los encargados de prestar las ayudas o servicios sociales eran los distintos Ayuntamientos; en cambio, la nueva ley deriva esta competencia a las Comunidades Autónomas, lo que significará la pérdida del contacto real con los que necesitan las ayudas, el aumento de las listas de espera y la pérdida de los puestos de trabajo de los empleados de los servicios sociales de los Ayuntamientos.
Teniendo en cuenta la situación de precariedad por la que están pasando las diferentes autonomías, es una auténtica incongruencia esta reforma y es muy probable que, tal y como busca el Gobierno central, se consiga el ahorro que evidentemente se busca con esta ley, porque las distintas autonomías no tendrán más remedio que cerrar o privatizar la mayoría de los servicios sociales. Servicios que ya han sido reducidos hasta cuotas decimonónicas, y que dejan fuera de su competencia a un buen número de beneficiarios que se están ya viendo abocados a la miseria y al más absoluto abandono.
Posiblemente a partir de hoy, día 26 de julio, se deje a los municipios sin la posibilidad de prestar los servicios sociales básicos; sólo podrán derivar a las Administraciones autonómicas la atención de aquellas personas que precisen ayudas inmediatas. Se escuda el PP en la no duplicación de las responsabilidades, y bajo los mas cínicos eufemismos, cuya más clara muestra es el mismo titulo de la nueva ley : Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero se debería haber titulado Ley para la eliminación de las ayudas sociales a las personas que no puedan costeárselo. Hoy se da una nueva vuelta de tuerca a la destrucción del bienestar (o medio estar) social.
Así que si las distintas autonomías, sobre todo las gobernadas por el PP, no pueden o quieren costear los servicios sociales autonómicos, ¿cómo van a costear los nuevos que con la nueva ley le vendrán añadidos? El Gobierno del PP está haciendo bien sus deberes en cuestión de ahorro de ayudas sociales para los que desgraciadamente no pueden sobrevivir sin ellos y se convertirán en nuevos excluidos sociales. Más sufrimiento y muertes dolorosas sin un mínimo de dignidad; con esta nueva ley la derecha fascista española deja aún más claro que nunca que le traen sin cuidado todas aquellas personas que no pertenecen a su élite clasista.
Aquí va una pequeña muestra de la reforma:
La nueva ley dispone, entre otras cosas:
Disposición transitoria segunda
1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.
5. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].
