La Iglesia católica española también quiere hacer oír su voz en las legislativas, tras cuatro años de reformas socialistas muy criticadas por el clero, empezando por el matrimonio homosexual.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) decidió, hace algunas semanas, dejar más claro su respaldo al opositor Partido Popular (PP), con quien se manifestó en las calles contra las leyes del gobierno socialista.
«Los católicos deben votar programas compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana», afirmaban los obispos en una nota difundida bajo el título ‘Orientación moral’, con la cual hicieron su entrada en la campaña electoral.
En esa ‘nota’ apelaban al «voto responsable» y expresaban su rechazo a «otras formas de unión que contribuyen a desestabilizar» a la familia tradicional.
Un mes antes, el 30 de diciembre, cientos de miles de católicos -dos millones según los organizadores y 160.000 según la delegación del gobierno- se concentraron en el centro de Madrid «en defensa de la familia cristiana».
El ala conservadora de la Iglesia Católica expresaba entonces con euforia su rechazo a medidas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través del arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, que llevó a considerar que «llevan a la disolución de la democracia» española.
Una serie de leyes socialistas adoptadas en estos cuatro años se toparon con el rechazo frontal de la Iglesia Católica: divorcio exprés, la asignatura de religión que deja de puntuar para la nota final en la escuela y una ley que autoriza las investigaciones con células embrionarias, enumera Ricardo Benjumea, redactor jefe del semanario religioso Alfa y Omega.
Probablemente la ley de 2005 que instauró el matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho a adopción ha sido la que «más ha chocado y más ha movilizado dentro de la sociedad civil católica», explicó.
Otro párrafo de aquella ‘nota’ criticaba el reconocimiento de una «organización terrorista (…) como interlocutor político».
Esa referencia de los obispos fue recibida por el gobierno como una clara crítica hacia su intento de negociación con la organización separatista vasca ETA, a la que la oposición se opuso ferozmente.
El Gobierno denunció enérgicamente las críticas de un episcopado «integrista», mientras la derecha se abstuvo de entrar en esa polémica, que podría movilizar a los abstencionistas de izquierda.
La Iglesia Católica «no baja a la arena política, sigue haciendo lo que siempre ha hecho: entrar en cuestiones de fondo», defiende Martín de la Hoz.
En la práctica, el sacerdote de una parroquia madrileña reconoce que «hay mucha tensión» alrededor de estos asuntos. «La situación es complicada estos días, conflictiva», admite.
Una joven católica madrileña confiesa sin dudar un instante que el 9 de marzo votará por la derecha, como ya lo hizo dos veces, convencida de que el «el gobierno actual perjudica mucho los principios cristianos».
Sin embargo, no es muy probable que los católicos practicantes se inclinen por un voto de castigo masivo hacia el gobierno socialista.
«No habría mayoría de izquierda (en el Parlamento saliente) si la mayoría de los católicos no hubiera votado al PSOE», subraya Evaristo Villar, teólogo y portavoz de Redes Cristianas, un grupo de asociaciones católicas de izquierda.
Para Nerea, profesora católica, hubo un «divorcio» real entre la jerarquía católica y los fieles.
«La iglesia que yo conozco está indignada y ve con vergüenza lo que está pasando», afirma esta mujer de 30 años refiriéndose a la reciente declaración de los obispos.
«Ninguna de las medidas de los socialistas me ha molestado», aseguró, antes de sentenciar: «Seguramente voy a votar al Partido Socialista» el domingo 9 de marzo.
