Los tratados comerciales bilaterales que EEUU y la Unión Europea están negociando con los países pobres amenazan seriamente las economías nacionales de estos estos últimos, entre los que se encuentran algunos de los lugares más necesitados del mundo. Ésta es una de las conclusiones que ha desvelado el informe ‘Nuestro futuro por la borda’, hecho público por Intermón Oxfam.
Otro de los datos que desprende el texto es que los países ricos aprovechan estos acuerdos para obtener concesiones que no habrían podido conseguir en el contexto multilateral de la Organización Mundial del Comercio.
Los tratados establecen una relación asimétrica e injusta: fuerzan la apertura de los mercados de los países del Sur a las mercancías, servicios e inversiones del Norte casi sin gravarles aranceles.
De este modo, «permiten a los países ricos mantener los subsidios a sus productos agrícolas, hacer dumping y, a la vez, dificultar a los países pobres el acceso a los mercados del Norte, lo que es muy injusto», ha denunciado Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam.
Puesto que el 70% de la población más pobre del mundo vive en zonas rurales y depende de la producción agrícola para su subsistencia, estos tratados amenazan con empobrecerles aún más, circunstancia que puede hacer incrementar los flujos migratorios hacia el Norte.
Estos acuerdos «exigen una liberalización mucho más rápida y reglas de la propiedad intelectual más estrictas que en la OMC. Les quitan a los países en desarrollo el derecho a dirigir sus economías y amenazan su capacidad de proteger a la población más pobre y sacarla de la pobreza», ha señalado Paloma Escudero, responsable de la campaña Comercio con Justicia.
En los acuerdos se contempla la aprobación de reglas sobre propiedad intelectual que reducen el acceso de los pobres a los genéricos, los fármacos más baratos.
Sin medicamentos en Perú
En Perú, se espera que como consecuencia de los acuerdos unas 900.000 personas se queden sin acceso a medicamentos. Además, se aumenta el precio de las semillas y de otros bienes agrarios poniéndolos fuera del alcance de los pequeños productores.
Por otra parte, se dificulta el acceso de las empresas de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías, puesto que estas dependen de materiales protegidos por las reglas de propiedad intelectual.
En este país, el sector financiero fue liberalizado en 1993. Siete años más tarde en el sector bancario la propiedad extranjera había aumentado hasta el 85%, y en el mismo período los préstamos a empresas mexicanas habían caído en picado, del 10% del PIB en 1994 a un mero 0,3% en el 2000.
En Bolivia, se otorgó la gestión del sistema público del agua a un consorcio de inversores extranjeros, quienes aumentaron las tarifas tanto que en el 2000 las familias pobres bolivianas tenían que gastar una cuarta parte de sus ingresos para pagar el recibo del agua.
Y, en Brasil, la entrada de grandes supermercados y la consolidación de la cadena de suministro provocó que 60.000 pequeños productores de leche tuvieran que abandonar el negocio.
Por último, las nuevas reglas sobre inversiones de muchos de estos acuerdos impiden que los gobiernos de los países en desarrollo puedan exigir a las empresas extranjeras que transfieran tecnología, formen a los trabajadores locales o adquieran los bienes de producción localmente.
El fenómeno migratorio
Los países en desarrollo firman estos acuerdos con la esperanza de que aumente la inversión extranjera directa pero no necesariamente es así. Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores receptores de inversión directa extranjera sin haber ratificado ni un solo acuerdo de inversión bilateral. Y por el contrario, los países africanos han firmado más de 1.000 acuerdos bilaterales, pero reciben menos del 4% de la inversión directa extranjera global.
Las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen superan en muchos casos de largo la inversión directa extranjera. Sin embargo, debe regularse el proceso migratorio puesto que puede producirse una fuga de cerebros. Esta situación es especialmente alarmante en el caso de los profesionales de la salud y de la educación, ya que su ausencia mina el desarrollo económico y social.
Además, los inmigrantes siguen llegando a los países desarrollados a través de vías no oficiales, lo que limita la posibilidad de gestionar su circulación y potencia las situaciones de irregularidad en la que muchos de ellos se encuentran.
