Enviado a la página web de Redes Cristianas
Desde que comenzó la crisis, hemos avanzado mar a dentro, cada vez con más oleaje y sin un rumbo que nos devuelva a buen puerto. Esta crisis se parece mucho a una estafa desde que se desencadenó y viendo a quiénes sigue beneficiando y la han provocado: los especuladores, los bancos rescatados con dinero público, los ejecutivos de las grandes empresas a quienes estas compensan su incompetencia con primas millonarias. Es razonable pensar que lo hicieran a propósito -estafa- mientras los países de la UE no disponen de posibilidades para poner fin a estos comportamientos ni castigarlos. Los mercados son la ley del más fuerte con demasiados políticos a su favor y a suficientes medios de comunicación controlados.
Ahora le ha tocado al Registro de la Propiedad, gracias a que esta crisis ha resultado ser el pretexto perfecto para el desarrollo de un modelo injusto. El mensaje es que el Estado del bienestar es insostenible, cosa que no es cierta, ya que si fueran tan ruinosos los servicios públicos, nadie los compraría. No importa; ellos a lo que están, intentando convencernos de que cuando se nos roba algo, en realidad nos liberan de una carga.
La política de privatización del Partido Popular es un presunto expolio para sanear a quienes han causado el estropicio. Ellos, los que pedían a gritos que sólo fuera el mercado el supremo rector de todo el andamiaje económico, no se descomponen cuando se les recuerda lo que ayer defendían con pasión. Ni siquiera están, al menos algunos, en la cárcel condenados por quebrar el sistema del bienestar en su beneficio.
Ahora le ha tocado al Registro de la Propiedad el desmantelamiento público. El Ministerio de Justicia ha elaborado un anteproyecto de reforma del Registro Civil para entregarlo al negocio privado. El legislador comienza con una exposición de motivos con tres intenciones claras: la primera, que los registradores de la propiedad se encarguen de la llevanza de los Registros, incluyéndose el civil, el de cooperativas, el de fundaciones y el de últimas voluntades. La segunda, la unificación electrónica de todos los registros. Y la tercera, el establecimiento de sistemas de conexión entre unos y otros. Privatizar la llevanza del Registro Civil con la intención de entregarlo a un reducido grupo de personas, logra que los registradores, entre los que se incluye al actual presidente del Gobierno, estén encantados de poder cobrar por actos que hasta ahora eran gratuitos o cuyo pago repercutía en las cuentas públicas. Por otra parte, consiguen escapar al control de la Unión Europea.
Resulta esclarecedor comprobar que uno de los motivos de esta privatización encubierta, es la futura aplicación de las herramientas tecnológicas que faciliten el tratamiento de la información, sobre todo después de que se hayan invertido más de cien millones de euros de dinero de todos los ciudadanos en la digitalización de la información registral. Primero se utilizan recursos públicos en su saneamiento y luego se privatiza con la excusa de su carácter deficitario entregándose a manos privadas para que hagan negocio con ello. No es la primera vez y sospecho que no será la última.
Por último, cualquier divergencia que se tuviera con los datos que aparecían en los registros que se entregan a manos privadas, hasta ahora se resolvía por la propia Administración, lo que conllevaba la cercanía del funcionario que trataba de solucionar el problema surgido. Pero con la futura ley, cuando no estemos de acuerdo con una decisión del registrador de la Propiedad (que pretende ser privatizado), deberemos acudir al juez de primera instancia, con el consiguiente pago de una tasa judicial y la dilación en el tiempo de su resolución.
Todos los datos macro y micro son un desastre, pero mantenemos el rumbo hacia un oleaje cada vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo más aguantará la frágil nave en la que fuimos embarcados la gran mayoría? Se me ocurren más preguntas y respuestas pero es tiempo de Semana Santa.