Con fecha de ayer, 14 de febrero, Religión digital (RD) publicaba un artículo con el siguiente título: “La Iglesia denuncia la “escasa voluntad política” para esclarecer la tragedia de El Tarajal” (Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Comisión Episcopal de Migraciones). Estábamos acostumbrados a que las tres primeras instituciones, u ONGs, denunciaran ese tipo de abusos y maltratos. Pero es profundamente significativo que una comisión de la CEE, la de migraciones, se sume claramente a ese ministerio profético, que es la denuncia contra los abusos de los poderosos. El que haya leído el Antiguo Testamento (AT), sobre todo los profetas, y muy especialmente Isaías y Amós, reconoce fácilmente esa tarea de denuncia profética.

Puede ser, o no, coincidencia, pero no suelo creer en ellas. Desde el cambio en la dirección de la CEE, ésta, en conjunto, o comisiones de la misma, han denunciado la iniquidad de la nueva “Ley Laboral”, la de “Seguridad ciudadana”, las devoluciones en caliente de la frontera con Marruecos, y otras disposiciones gubernamentales. Cuando sucedió el infausto sucedo de Tarajal el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, católico fervoroso y practicante, miembro supernumerario del Opus, se apresuró a declarar que la Guardia Civil, y la policía, no tenían ninguna responsabilidad en la tragedia. Teoría muy difícil de admitir cuando ante su mirada profesional, y a escasos quince metros, se ahogaron catorce (14) seres humanos. Afirmaron algunos portavoces de las autoridades involucradas que el disparo de las bolas de goma, y otro tipo de actuaciones, no era sino marcar un muro disuasorio. Pero nunca podernos perdonar a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, que están, sobre todo en caso de emergencia, para proteger a toda persona en apuros, que aunque no fueran responsables directa de esas muertes, consintieran, impertérritos, que esos inmigrantes en pateras, perdida ya su dignidad, perdieran también su vida delante de sus bigotes. Este acontecimiento no tiene excusa, se mire por donde se mire.

Pero el reconocimiento posterior del ministro en sede parlamentaria de que habían sido usadas bolas de goma, disparadas para solo asustar y disuadir a los ya fatigados y exhaustos subsaharianos, (sic dixit), extremo negado por el director de la Guardia Civil, deja en muy mal lugar, más que a sus números implicados, a los mandos que dieron esas órdenes inicuas. Lo que da toda la razón al papa Francisco, cuando clama contra la “globalización de la indiferencia”, que lo llevó a recordar, «que a nadie le falte el socorro necesario», algo que, aunque los miembros de nuestros cuerpos de seguridad no hubieran provocado con su acción positiva, no cabe duda de que ocurrió, por lo menos, por falta del socorro debido. Sin olvidar de que en nuestra legislación la omisión de socorro es un delito. Y esto vale para nacionales, inmigrantes, subsaharianos o no. Y si es de obligado cumplimiento para cualquier ciudadano, ¿qué decir de los miembros de los cuerpos de seguridad?

Pero es que tanto la fiscalía como el juez del caso admiten señales de delito, y por eso han sido imputados varios números de la benemérita, y, sobre todo, de sus mandos. No sabemos en qué tipo de fallo y sentencia acabará este doloroso caso, pero lo ya indiscutible es que las declaraciones gubernativas primeras, en todo su escalafón, fueron precipitadas, y sonaron a aquel aforismo latino que dice “escusatio nom petita, acusatio manifesta”. Esa prisa en la devoluciones a Marruecos, tan apresuradas que las denominan “en caliente” son las que provocaron la indignada denuncia de la CEE, en los albores de la época de su nueva cúpula episcopal