La Iglesia Católica portuguesa reforzará la movilización de sacerdotes y obispos para que los ciudadanos voten No en el referéndum acerca de la despenalización del aborto, informó hoy el portavoz de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP). Después de una reunión realizada en el Santuario de Fátima, Carlos Azevedo, portavoz de la CEP, dijo que ‘cada obispo estudiará en su diócesis la mejor forma de actuar’.
El pasado 29 de noviembre, el presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, optó por aceptar la celebración, el próximo 11 de febrero, de un segundo referéndum de despenalización del aborto, promovido por el Gobierno socialista.
‘El Consejo Permanente de la CEP se regocija de los movimientos que han sido formados en las 20 diócesis portuguesas’, que buscan el objetivo de ‘esclarecer las consciencias’, dijo Azevedo.
Agregó que la CEP ya publicó ‘una nota pastoral con las cinco razones para defender la vida y ese es el documento básico en esta fase de esclarecimiento de las consciencias’.
El pasado 25 de diciembre, el cardenal patriarca de Lisboa, José da Cruz Policarpo, se refirió en su mensaje de Navidad al próximo referéndum sobre el aborto y dijo que ‘sea cuales sean los motivos es siempre negar un lugar en la sociedad a un ser humano’.
El pasado 15 de noviembre el Tribunal Constitucional aprobó que en las papeletas del referéndum figure esta frase: ‘¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si la misma es realizada por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas y en un establecimiento sanitario legalmente autorizado?.’
La celebración del referéndum fue aprobada el pasado 19 de octubre en el Parlamento por iniciativa del Partido Socialista (PS) que ganó las elecciones de 2005 con mayoría absoluta.
La actual normativa portuguesa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho al médico que lo practique, pero admite el aborto en las primeras 12 semanas en caso de violación, o si hay riesgo para la vida o la salud de la madre.
