El Fiscal General de la República, Julio Centeno, admitió que las nueve mujeres denunciadas ante el Ministerio Público en relación con el “caso Rosita” forman parte de organizaciones que han brindado una valiosa aportación en cuanto a los derechos humanos y ciudadanos se refiere. Así se lo comunicó a las denunciadas durante la entrega de un escrito que éstas presentaron ante el Fiscal, donde solicitaban la desestimación de la denuncia interpuesta por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). En el escrito petitorio se argumentaba la evidencia de la mala intención, tergiversación y prejuicios hacia las mujeres defensoras de los derechos humanos. Las feministas fueron denunciadas por ayudar a abortar a la niña Rosita que quedó embarazada tras ser violada.
Juanita Jiménez, una de las nueve acusadas, que como sus compañeras lleva más de quince años trabajando en la defensa de los derechos de la ciudadanía, manifestó que al desestimar y declarar improcedente la denuncia, el Ministerio Público estaría afirmando su institucionalidad e imparcialidad, huyendo de manipulaciones políticas por parte del partido de turno en el Gobierno.
En el documento presentado por las activistas nicaragüenses se recogen las claves sobre lo absurdo de esta denuncia. En primer lugar, la acusación se refiere a hechos ocurridos en el año 2003, de los cuales la Fiscalía tiene en sus archivos todas las diligencias de investigación referidas al aborto terapéutico de niña Rosita realizado con arreglo al artículo 165 del Código Penal vigente en ese momento. Por lo tanto, queda fundamentada la legalidad y legitimidad del mismo ordenando el correspondiente archivo administrativo ese mismo año. En segundo lugar, después de cinco años no se puede retomar una situación que fue avalada y archivada por una instancia representante del Estado de Nicaragua.
Se ignora la justicia nacional e internacional
Para las nueve mujeres denunciadas, la ANPDH está ignorando la evolución del marco jurídico nacional e internacional y que “las mujeres tenemos derechos humanos, sexuales, reproductivos, políticos, civiles y culturales reconocidos”.
Por su parte, Wendy Flores, en representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNIDH), quien acompañó a las denunciadas ante el representante del Ministerio Público, indicó la necesidad urgente de declarar improcedente dicha denuncia por carecer de méritos suficientes.
Para Flores, “las organizaciones de mujeres, igual que otras organizaciones, tienen su legalidad y legitimidad como defensoras y promotoras de derechos humanos; y si el Ministerio Público no desestima la denuncia interpuesta por la ANPDH, estaría violentando los Derechos Humanos de las nueve mujeres y de la sociedad en su conjunto”.
