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LA DECISIÓN DE INMACULADA. Juan G. Bedoya

Publicado en

El País

La jerarquía católica, la Conferencia Episcopal y los bioéticos discrepan sobre cómo ejercer el derecho a una muerte digna
La muerte digna como uno de los derechos humanos, es decir, la idea de que el hombre teme sobre todo al dolor, más que a la muerte. Es el caso de Inmaculada Echevarría.

Con distrofia muscular progresiva y conectada desde hace nueve años a un respirador, solicitó el pasado noviembre la retirada de dicho soporte vital. Será su muerte segura. El Comité de Ética de Andalucía ha aceptado su petición, de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente y con los criterios bioéticos sobre limitación del esfuerzo terapéutico.

El equipo médico habitual del hospital granadino de San Rafael, su casa en los últimos diez años, atenderá los deseos de Inmaculada Echevarría cuando decida el momento de ser desconectada. Todo se realizará con la confidencialidad debida y el respeto a los derechos de la paciente, «tanto en sus aspectos técnicos como humanos». Y también éticos, con atención a exigencias de la moral. El hospital San Rafael es propiedad de la orden de San Juan de Dios. Uno de los 25 miembros del Comité de Ética que dio el visto bueno a la petición de la enferma es jesuita.

No opinan lo mismo los cardenales Antonio Cañizares (Toledo) y Carlos Amigo (Sevilla), ni el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. El primado de Toledo expresó su oposición relacionando el caso con la práctica de la eutanasia, ilegal en España. Dijo: «La eutanasia es siempre ilegítima y un atentado contra la dignidad y la vida humana. Desconectar a una persona de un aparato que entra dentro de las medidas normales es sencillamente que el hombre puede quitarse la vida».

Una «pena de muerte»
El cardenal Amigo llegó incluso a hablar de la pena capital, al declararse «abiertamente en contra de todo tipo de pena de muerte, tanto la legal como la autoadministrada». Y el portavoz de los obispos, el jesuita Martínez Camino, sostuvo que la vida humana «nunca puede ser eliminada ni por acción ni por omisión».

No todos los eclesiásticos comparten esas opiniones, muchos incluso las rebaten con energía. Es el caso del teólogo jesuita Juan Masía, uno de los más prestigiosos especialistas en Bioética, emérito profesor de Ética en la Universidad Sophia (Tokio) y ex director de la Cátedra de Bioética de la Pontificia Comillas (Madrid). Ayer sostuvo que la petición de Inmaculada Echevarría de que se le retire el respirador que la mantiene con vida, y la decisión de hacerlo, están «totalmente de acuerdo con la más tradicional moral católica y con la ley de Autonomía del Paciente».

Añadió: «Cuando un cardenal como Cañizares confunde este tema con la eutanasia, un cardenal como Amigo lo confunde con la pena de muerte, y el portavoz de los obispos lo confunde con el homicidio por omisión, hay que decirles a los tres, con el respeto debido, que repasen su teología moral, quizás un poco olvidada. Lo que mata es la enfermedad, no la retirada del soporte que prolonga artificialmente la agonía. Como escribía Juan Pablo II, ‘la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto’ (encíclica Evangelium vitae, n. 47)».

La contundente opinión de los prelados Cañizares, Amigo y Martínez Camino, miembros los tres del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, contrasta incluso con documentos de ese organismo, redactados por sus antecesores a finales del siglo pasado. En ellos la Conferencia Episcopal acepta abiertamente «mecanismos» para evitar el llamado ensañamiento terapéutico en enfermos «irrecuperables».

La CEE llegó a ofrecer en su página web una propuesta de testamento vital en la que los obispos facilitan el trabajo a las personas que quieran anticipar por escrito que, llegado el caso, no se les mantenga con vida por medio de «tratamientos desproporcionados»; que no se les aplique la eutanasia activa, ni que se les prolongue «irracionalmente el proceso de muerte», y que se les administren «tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos».

El primer documento episcopal sobre este tema data de septiembre de 1989, y el definitivo lleva fecha de enero de 2001, cuando la Conferencia Episcopal colocó en lugar preferente de su página web un documento con el título de Testamento vital, que desde 1993 manejaban fundamentalmente los capellanes católicos de hospitales.

Debidamente confeccionado, de forma que, si se fotocopiaba, pareciese un testamento de un folio, con firma, fecha y lugar en blanco para colocar el nombre de quien obtuviese de Internet el documento, el testamento vital de los obispos, tras el encabezamiento de: «A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario», dice en su primer párrafo: «Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento».

Después de unas consideraciones sobre la vida «en este mundo» -«un don y una bendición de Dios, pero no el valor supremo absoluto»-, y sobre el carácter «inevitable» de la muerte, el documento episcopal entra en materia con estas peticiones, como auténticas voluntades anticipadas: «Pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos».

El documento vital propuesto por los obispos concluye: «Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad». Y fecha y firma.

Los obispos seguían la senda de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que en 1987 impulsó el primer testamento vital con gran revuelo porque, entre sus propuestas, incluía la de que se pudiera actuar penalmente, por un delito de coacciones, contra los médicos que se empeñaran en prolongar la vida de un enfermo contra su voluntad, previamente manifestada.

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