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LA COMISIÓN EUROPEA REPRENDE AL GOBIERNO ESPAÑOL POR EL TRATO DE LOS OBISPOS A SUS DOCENTES DE RELIGIÓN. Juan G. Bedoya

Publicado en

El País

España tiene dos meses para aplicar la legislación sobre contratos de duración determinada
El Gobierno español recibió ayer una advertencia por el trato que reciben los profesores de religión católica en la escuela pública. El reproche lleva la firma de la Comisión Europea, en concreto de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, y se refiere al estatus laboral de los docentes de catolicismo, contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso por los obispos.

Cada prelado puede renovar o rescindir esos contratos sin motivación, lo que ya ha ocasionado innumerables sentencias contra la Administración educativa y 300 millones de euros en pago de indemnizaciones por despidos nulos o improcedentes, y por daños morales.
Como antes con la irregular exención del pago del IVA, que disfruta la Iglesia católica, la advertencia de la Comisión Europea reclama a España el cumplimiento de una directiva de obligada ejecución en cada miembro de la UE. Esta vez la norma incumplida por España se refiere al trabajo de duración determinada. Dice la resolución, en su apartado dos: «La Comisión, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea, invita a España a que adopte las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado en un plazo de dos meses».

El artículo 226 dice: «Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si el Estado no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia».

El «dictamen motivado» de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, firmado por su jefe de unidad Armindo Silva, llegó ayer a poder del sindicato denunciante, la Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USITep).
Alfredo Sepúlveda, dirigente de USITep y destinatario de la carta de la Comisión Europea, dijo ayer que el dictamen de Bruselas «supone un varapalo a las pretensiones de la jerarquía eclesiástica, que utiliza una pretendida superioridad jerárquica del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, respecto al resto de normas internas, para seguir manteniendo los contratos de duración determinada, y controlando, a través de ellos, a los profesores de religión».

«No podemos por menos que mostrar nuestra satisfacción ante este importante dictamen que, a buen seguro, será cumplido escrupulosamente por el Estado, pese a quien le pese», añadió.

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