La Subdelegación del Gobierno de Cádiz ha iniciado un expediente sancionador contra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) por haber convocado la pasada cacerolada del 11 de abril ante la sede del PP provincial en la calle Cánovas del Castillo de la capital gaditana, con la que se buscaba mostrar la solidaridad con los afectados por los desahucios y demandar a la derecha el apoyo a la ILP sobre vivienda y la dación en pago. No se produjo incidente alguno.
Con todo, esta posible multa de 300 euros, se inicia porque este colectivo –no era la única organización detrás de la protesta, que paralelamente también se celebró ante la sede de los populares en El Puerto- no había efectuado la, según la Subdelegación, preceptiva comunicación previa; y se da el plazo legal de 15 días hábiles para efectuar las correspondientes alegaciones, algo que la asociación ya ha avanzado que hará.
El presidente de la Apdha en Cádiz, Rafael Lara, destinatario de tal multa, y, Diego Boza, abogado y miembro de la misma, han manifestado su “indignación” por esta sanción, “cogida por los pelos” desde el punto de visto legal.
Esta asociación no niega haber participado en la convocatoria de este acto, ni tampoco que, efectivamente, no se hizo la comunicación previa, “el problema es que progresivamente el Gobierno y esta Subdelegación están convirtiendo la comunicación previa en un instrumento de autorización y control de un derecho ciudadano de reunión y manifestación”, se critica. El propio subdelegado Javier de Torre, colocado por el PP –y que ya ha sido varias veces condenado por los tribunales por restringir protestas-, en declaraciones a medios ha venido a corroborarlo cuando habla de las numerosas manifestaciones que han sido “autorizadas” sin ningún problema. En este caso concreto se defiende señalando que “no hay que preguntar por qué se sanciona, sino por qué no se ha comunicado esta vez”.
Con todo, la Apdha expone que “no son pocas las resoluciones tanto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como incluso del propio Tribunal Constitucional, que asocian esa comunicación previa a la intención de alterar el tránsito ciudadano”. Sin embargo, “no es el caso de esta concentración. Se realizó de forma totalmente democrática y absolutamente pacifica, sin que ocurriera ningún incidente, en una calle prácticamente peatonal y del que la Subdelegación tenía perfecta constancia al enviar a furgones policiales, que son los que cortaron la calle”.
Esta asociación se queja de que este Gobierno conservador “por encima de la Constitución sitúa una norma administrativa que siempre se ha aplicado con una amplia flexibilidad”. Tanto es así que en 20 años, muchas de las convocatorias de urgencia en zonas peatonales realizadas por la Apdha en Cádiz, “jamás han recibido ninguna sanción, pese a no haber sido comunicadas explícitamente en ningún caso”. Y otros muchos colectivos y celebraciones (por ejemplo para festejar un evento deportivo en la calle o las ofrendas florales en el monumento a las Cortes) tampoco reciben notificación alguna, “lo que nos parece estupendamente”.
“LA REPRESIÓN SE ESTÁ GENERALIZANDO CON EL PP”
La asociación humanitaria lamenta que en los últimos tiempos “el recurso a la sanción e incluso a la represión se está generalizando con el Gobierno del PP”. En el caso de Cádiz, las multas a trabajadores del metal, el caso de Valcárcel, del 15-M Centro, las limpiadoras, o el Carnaval Chiquito.
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Apdha, en el fondo de este proceder de la derecha “hay dos problemas de grave trascendencia democrática. Por un lado el uso del espacio público. Ya lo dijo Manuel Fraga, padre de los políticos del PP, ‘la calle es de ellos’. Y como es de ellos, la calle está prohibida al uso de aquellos que molestan a gentes biempensantes, de la expresión y de la reivindicación popular”.
“Más grave aún, por otro lado, es el cada vez más acelerado intento de criminalizar la rebeldía popular, la indignación de la gente a tanto despropósito y a tanta injusticia. Este Gobierno está provocando el sufrimiento de millones de familias, el paro para otros millones y la generalización de la pobreza. Elimina nuestros derechos y nos lo quita todo, para salvar a la banca, al sistema financiero y especuladores y para proteger a sus corruptos. Está terminando de conducirnos a una emergencia social sin precedentes. Y carece de alternativas que no sean más de lo mismo. Y ante la lógica disidencia, ante la indignación y la protesta de la ciudadanía, apenas sabe responder de otra mantera que con multas y represión”, evidencia la asociación.
El colectivo tiene claro que “quieren atemorizarnos a todos y que agachemos la cerviz como bueyes. Afortunadamente tienen la batalla perdida. Cada vez la ciudadanía es más consciente que así no podemos seguir y que si no saben ni quieren hacer políticas a favor de las personas, si sólo saben ponerse al servicio de los mercados y los poderosos, pues finalmente, tendrán que irse”.
EL PA PIDE LA DIMISIÓN DE DE TORRE
Por su lado, el secretario provincial del PA en Cádiz, Ramón Sánchez Heredia, ha expresado la “total solidaridad” de los andalucistas gaditanos con la Apdha y el apoyo a su representante Rafael Lara ante la multa.
En este sentido, Sánchez Heredia ha pedido la dimisión del subdelegado Javier de la Torre, “porque consideramos que se trata de una sanción a todas luces injusta”. “La protesta en la que participó Apdha fue un acto pacífico y sin incidentes, por lo que no entendemos y nadie puede entender que se tenga que multar a esta organización en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse”, agrega.
El dirigente regionalista lamenta que “no se trata de un hecho aislado ya que se van acumulando un día tras otro los casos en que el Gobierno del PP está actuando de manera represiva y coercitiva ante todas aquellas organizaciones y colectivos que ejercen su derecho de manifestación y de expresión frente a las políticas de recortes sociales que estamos sufriendo y la incapacidad del Gobierno central de solucionar o paliar el alarmante creciente del paro, por citar algunos ejemplos de ese descontento social que es un auténtico clamor”. Sánchez Heredia exige a la derecha que “ponga fin a esa forma represiva de ejercer el Gobierno”.
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