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Jueces instructores, órganos de gobierno y tribunales -- Jaime Richart

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Venimos desde hace años asistiendo al espectáculo escandaloso del abuso del poder institucional: político, bancario, financiero y empresarial, que ha vaciado las arcas públicas de este país durante dos largas décadas. Y de un tiempo a esta parte, al no menos bochornoso de una Fiscalía constituida en procesos de corrupción en virtual defensor de los imputados del partido del gobierno. Ahora irrumpe un nuevo hecho grave que amenaza a la justicia y a la frágil estabilidad del país: la revocación a cargo del órgano superior, inducida por esa misma fiscalía, del auto del instructor.

Revocación, además, en términos tan denigratorios para el juez como los que el propio órgano atribuye al auto de éste, y con la misma jerga que la de los portavoces del partido a que pertenece el imputado al relacionar la decisión del juez con la misma e imaginaria «causa general» abierta misteriosamente contra el partido en el gobierno; un gobierno que copa prácticamente todos los resortes del Poder en todos los ámbitos.

El caso es que tras haberse librado de los cargos que pesaban sobre él un tal Naseiro perteneciente al mismo monipodio que gobierna este país, cayó en desgracia el juez Garzón, que fue expulsado por otro órgano. Ahora el juez Silva lleva el mismo camino…

Y entre tanto, todos los imputados de la Gurtel, libres desde que empezó la instrucción gracias a la denuncia de un concejal; alguno ha pasado un corto tiempo por la cárcel, pero ninguno ha devuelto ni un solo euro al erario público. Dilaciones y más dilaciones en espera de más pruebas pese a que las hay abrumadoras y en espera de que se celebre un juicio que, por lo que se adivina, lleva camino de no celebrarse nunca; o bien en espera de que sean invalidadas las pruebas o de que sea apartado el juez instructor o de que éste acabe separado de la carrera judicial, hacen de la justicia de este país, además de lo dicho, una auténtica farsa.

La única esperanza que le queda a la ciudadanía en esta cueva de ladrones de lo público, y ya que los políticos honestos han sido incapaces de depurar a los corruptos, es que la justicia que juzga remate la tarea de la justicia que instruye. Porque si los tribunales exculpan a esos infames con argucias leguleyas y los órganos de gobierno coartan el trabajo de los instructores con triquiñuelas sobre lo formal de la instrucción, accesorio del fondo del asunto, favoreciendo a la ideología dominante, y los culpables no son castigados ni obligados a devolver los miles de millones incautados, el daño que habrá de causar a este país la propia justicia agravará aún más la crisis económica, laboral, educacional y sanitaria…

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