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Contra natura -- Abraham Nuncio

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La Jornada

La primera señal me llegó biográficamente tarde. Con la muerte de aquellos pájaros sentí que algo violento había cambiado para todos. Como tragedia ya había ocurrido en diciembre de 1952 en Londres. Después el fenómeno se repetiría en otras partes.
Aquellas aves, con sus delicadas patas contraídas, me produjeron una sensación de pérdida. Habían caído víctimas del efecto invernadero en grado extremo. Desde los ochenta, esa noción y otras (esmog, agujeros en la capa de ozono, lluvia ácida, nubes tóxicas, contaminación, cambio climático) se fueron convirtiendo en referencias cotidianas.

Las consecuencias de tales alteraciones ambientales se han traducido en deterioro de la vida en el planeta.

Del conocimiento y la convicción a la dura experiencia. Mediados de septiembre de 1988. Las aguas del río Santa Catarina, que atraviesa Monterrey, bajan cuando hay crecida atropellando, anegando, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Un grupo de periodistas nos dimos a la tarea de documentar el fenómeno en Gilberto: la huella del huracán en Nuevo León. Supimos lo que hoy es del dominio público: la pérdida de vidas humanas no es fatal ante ese tipo de desastres y sus principales responsables son los políticos y empresarios que conducen el Estado. Sobrefacturas y favores por privilegios y canonjías. En 2010, con el Álex, los daños en obras públicas mal edificadas se repitieron y hoy la principal vialidad de Monterrey se mantiene descoyuntada.

Otra dura y frustrante experiencia. Curitiba es una ciudad metropolitana a la que se tiene por modelo de desarrollo urbano, empezando por sus vialidades. El sistema llamado Bus Rapid Transit fue previsto con décadas de anticipación a la expansión del tráfico vehicular. El gobernador panista de la primera alternancia encabezó una comitiva de un par de docenas de sus funcionarios para conocer in situ las soluciones de la ciudad brasileña a sus problemas.

El gobierno panista hizo una lectura al revés y tradujo Bus Rapid Transit en algo así como Car Rapid Race y echó una enorme plancha de asfalto en el interior del Parque Fundidora. Fue un mal negocio con cargo al erario, por supuesto, y al cabo el autódromo quedó en eso: una plancha de asfalto generadora de mayor calor para la ciudad. Un pequeño grupo hicimos cuanto pudimos para evitar la mala y frívola obra. Nada pudimos contra los políticos y empresarios estatales. Nuestro juicio de amparo no prosperó.

A los gobiernos panistas precedieron y más tarde sucedieron los priístas. Entre ambos se han aplicado, una y otra vez en el Parque Fundidora, a proyectos de depredación ambiental. El decreto presidencial declaró «de utilidad pública, la conservación y el mejoramiento de la superficie» que ocupó la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey. Originalmente fue cedida por el gobierno federal al del estado para «el establecimiento del parque-museo tecnológico-centro de exhibiciones, en respuesta a la demanda de la población neoleonesa de mejorar el entorno urbano y prevenir la contaminación ambiental». Otras lecturas alrevesadas. De las 117 hectáreas de la superficie de la antigua planta siderúrgica, ya sólo queda la mitad. El gobierno estatal ha concesionado áreas, que han entrañado deforestación, a empresas que despojan del sentido de utilidad pública, conservación, mejoramiento del entorno urbano y prevención de la contaminación ambiental al Parque Fundidora.

Concesión tras concesión, maniobra tras maniobra, business tras business, daño tras daño a la naturaleza y a la salud de la población. En el área metropolitana de Monterrey se asientan 79 empresas ¿»socialmente responsables»? de alto riesgo. Nadie las ha podido mover. Los días del año que desbordan la norma internacional de calidad del ambiente eran en 1993 poco más de 44, según un estudio del Centro para la Calidad del Ambiente del Tecnológico de Monterrey basado en fuentes oficiales y otras; en 2005 aumentaron a 121. La ausencia de forestación, el dios-carro y la mayor polución nos exponen, ocho años después, a males respiratorios y otros (sobre todo a los individuos menores de 14 y a los mayores de 65) durante dos terceras partes del año. Daños a la salud y a la economía.

Una de las conclusiones de ese estudio es que si se pudiese reducir en un módico 10 por ciento la concentración de partículas menores a 10 micras (PM10) en la atmósfera habría un ahorro anual de mil 346 millones de dólares, y si se alcanzara el promedio anual de calidad del aire (50 microgramos, unos tres granos de sal, por metro cúbico), el ahorro sería entre 3 mil 345 y 5 mil 29 millones de dólares. Este estudio fue patrocinado por Conacyt- Semarnat y –la paradoja que nunca falta– con el apoyo de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Nuevo León.

Los políticos y empresarios estatales no piensan en el ahorro ni en la salud pública. La reducción de espacios verdes les parece insuficiente: ya construyen ahora, en el interior del Parque Fundidora, un gran estacionamiento para 5-7 mil autos. Ahora mismo hay alrededor de 5 mil cajones para el mismo fin. ¿Y cuántos árboles hay, según la vocación del parque? Tres mil.

Como en otras ocasiones, a falta de un control parlamentario efectivo, son los ciudadanos los que defienden el oxígeno de su ciudad. Hay un movimiento que espera poder contar con la justicia apelando a las nuevas reformas a la Ley de Amparo para hacerla efectiva través del amparo colectivo.

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