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Inmigrantes bajo sospecha -- José Carlos García Fajardo,Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Publicado en

Adital

Director del CCS
nesemu@telefonica.es
Los inmigrantes nos devuelven las visitas que les hicimos los europeos durante quinientos años.
No nos obligaron a hablar quechua, aymará o guaraní, árabe, swahili o malayo. Les impusimos nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros miedos y nuestra explotación. No nos obligaron desde Canadá a Tierra de fuego, en toda África y en gran parte de Asia y Australia, a firmar contrato alguno en condiciones de presuntos culpables, de delincuentes en potencia bajo pena de ser devueltos a sus países de origen si no encontrábamos trabajo en un año.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que, si gana las elecciones, obligará a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos de residencia a firmar un «contrato de integración». En él, los extranjeros deberán comprometerse «a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un año no encuentran empleo».

Aunque la fórmula del contrato es inédita en España -sólo Francia la ha adoptado-, la mayoría de los requisitos que propone Rajoy ya están contemplados en la legislación vigente.

Entre las «costumbres de los españolas» que los inmigrantes deberán respetar, Rajoy mencionó la prohibición de la ablación y el respeto a la igualdad de sexos, que ya están tipificados en las leyes. Fuentes del PP añadieron otras «costumbres» recogidas en las ordenanzas municipales, como «la higiene». Menos mal que no les prohíben castrar a los jóvenes cantores, marcar a fuego a los esclavos o cortar orejas, narices y manos a los delincuentes.

Rajoy reformaría la fórmula de reagrupación familiar para limitar esa vía de entrada de inmigrantes, y expulsaría de forma «inmediata» a los que hayan cometido delitos. Cuando era ministro de Interior del Gobierno de Aznar, ya intentó ejecutar esa propuesta, pero recibió contundentes descalificaciones del Tribunal Supremo. La medida privaba a los extranjeros de la presunción de inocencia, libraba a los delincuentes de la cárcel y burlaba el derecho de las víctimas a ser resarcidas.

Ese «contrato de integración» es una copia del que Nicolás Sarkozy, introdujo en la legislación de su país en 2004, cuando era ministro del Interior.

Allí se estipula que si se ha incumplido ese contrato, pueden perder las ayudas sociales e incluso ser expulsado de Francia. Países como Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos de idiomas, pero ninguno recoge sus exigencias en un documento. En 2006, cuando un partido catalán pretendió algo semejante, la consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, del PP, manifestó: «Más que una medida de integración parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos».

Los derechos y deberes de los inmigrantes en España están recogidos en las leyes, así que ningún «contrato» puede limitarlos, como pretende Mariano Rajoy. Se lo advirtieron ayer al líder del PP los responsables de varias ONG que, al igual que partidos y sindicatos, censuraron la iniciativa del candidato.

Declararon que es anticonstitucional porque los derechos no pueden estar condicionados a una nacionalidad o una situación administrativa. «La integración no se puede plantear por decreto o por contrato. Además, ¿qué van a hacer? ¿Pasarnos un catálogo de las costumbres españolas?» «Pretende ofrecer una imagen de dureza frente a la inmigración, asociándola a la delincuencia. Es un discurso muy peligroso», advirtieron.

Otro dirigente afirmó: «El PP necesita que los inmigrantes firmen un papel en el que digan que van a ser buenos y a cumplir con la ley porque, para la derecha, los inmigrantes son gente de poco fiar».

Gaspar Llamazares, coordinador de IU, cree que «el PP está más preocupado por tranquilizar a su electorado sobre los supuestos problemas de seguridad que puedan crear los inmigrantes que por plantear una verdadera política de integración».

El diputado vasco, Emilio Olavaria, señaló que el PP impulsa una política «reaccionaria» basada «en el miedo»: «Una política criminal o de orden público, no de integración».

¿Qué concepción de la vida, qué visión del mundo, qué ideología subyace en semejante planteamiento por nosotros, pueblos de acogida, que debemos reconocer que los necesitamos como seres humanos, como repobladores ante el derrumbe de nuestra demografía, como personas para compartir los bienes universales y el natural derecho a la búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la justicia y de la dignidad? Y esto sin haber alcanzado el poder que anhelan.

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