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Iniciativa judicial para investigar las desapariciones de la guerra civil -- Carlos Jiménez Villarejo

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Un vergonzoso incumplimiento
1. El Gobierno debe aplicar ya la ley de la memoria histórica si de verdad quiere cerrar heridas
SILVIA ALCOBA
CARLOS Jiménez Villarejo*
El Gobierno carece de autoridad para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones legales en cualquier ámbito, cuando él está incumpliendo abiertamente los compromisos que le impone la ley de la memoria para «reparar a las víctimas» de la dictadura.

Antes del 29 de junio debía haber regulado, por mandato legal, el régimen de las indemnizaciones, por una cuantía de 135.000 euros, a favor de los familiares de las personas fallecidas «en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos» durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, personas que realmente murieron por las torturas y asesinatos de la policía franquista. No lo ha hecho. Es muy grave el silencio del Gobierno.

La aplicación de dicha ley exige la adopción de diversas decisiones y medidas administrativas del Gobierno, además de las propias de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos, las cuales bajo ningún concepto pueden dilatarse.

LA AUSENCIA de respuestas del Gobierno queda aún más en evidencia cuando, ante su pasividad, por fin un juez español acuerda abordar una de las grandes tragedias de la guerra civil y la dictadura: la de los represaliados asesinados y clandestinamente enterrados sin que aún se sepa su paradero. Y ordena la práctica de diligencias preliminares para que el Gobierno y las asociaciones denunciantes informen del alcance y circunstancias de dichas desapariciones. Para conocer, como dice la ley, «la localización e identificación de las víctimas» y para su posterior calificación penal.

Dicha resolución, cualquiera que sea la solución definitiva, debería constituir un motivo de vergüenza para el Gobierno. Y, desde luego, para los jueces y fiscales que hasta ahora se habían pronunciado sobre las denuncias por dichos crímenes. Basta un ejemplo: el auto de la Audiencia Provincial de Córdoba (16/10/2006) que no admitió una denuncia similar porque, alineándose con las tesis del PP, decía que «debe evitarse cualquier iniciativa (…) que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil», además de otros argumentos claramente erróneos. Dicha resolución judicial debería servir de estímulo para que el Gobierno asuma definitivamente sus obligaciones con unas víctimas que tanto han sufrido y a las que no se puede hacer esperar más.
Es hora de que el Gobierno proceda al abono de las pensiones de orfandad previstas en la ley, que obliga a las correspondientes comunicaciones a los huérfanos no incapacitados mayores de 21 años para su abono inmediato.

Resulta urgente adoptar las decisiones oportunas respecto de quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios o batallones disciplinarios durante tres o más años, habida cuenta que la condición para percibir dicha indemnización es que tuvieran cumplida la edad de 60 años el 31 de diciembre de 1990. Debe procederse de forma inmediata, mediante la constitución de una comisión al efecto, a determinar quié- nes fueron los cónyuges sobrevivientes de los condenados «a pena de muerte efectivamente ejecutada» como consecuencia de los supuestos contemplados en la ley de amnistía, a quienes corresponde una indemnización de 9.616,18 euros.
El Ministerio de Economía y Hacienda debe dictar a la mayor brevedad la correspondiente orden para materializar el abono de la ayuda económica prevista para compensar a los presos políticos de la privación de libertad en establecimientos penitenciarios y, subsidiariamente, a los herederos si aquellos hubiesen fallecido.

RESULTA inaplazable que el Gobierno, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas, elabore sin demora un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura para retirar ya los símbolos de la sublevación militar y de la represión que impuso.

Los gobiernos autónomicos deben instar al Gobierno para que quede acreditado de forma inmediata el trabajo forzado a que fueron sometidos los presos políticos antifranquistas haciendo un censo de las edificaciones y obras, públicas y privadas, que se vieron obligados a construir. Igualmente, el Gobierno está obligado a regular la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de la Brigadas Internacionales que contribuyeron tan heroicamente a la defensa de la República.
Los compromisos son aún de mayor alcance. Solo planteamos una pregunta más. ¿La fundación gestora del Valle de los Caídos ha incluido ya entre sus objetivos el de honrar y rehabilitar la memoria de quienes sufrieron, precisamente allí, la represión política de la dictadura y está promoviendo el conocimiento de los «valores constitucionales»? A esta y a otras muchas preguntas debe contestar públicamente el Gobierno para acreditar si realmente quiere, como dice el preámbulo de la ley de la memoria, «cerrar heridas todavía abiertas en los españoles».

*Presidente del Comité de Ética de la Policía de Catalunya

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